Justicia, libertades, ciudadanía y asuntos de interior

Justicia, libertades, ciudadanía y asuntos de interior

El Grupo S&D está comprometido con la protección de los derechos, las libertades y la seguridad de todos los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea, sea cual sea su etnia, religión o condición sexual.

Ya sea al abordar la amenaza terrorista en Europa o la crisis humanitaria en nuestras costas, nuestro enfoque en la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior siempre se basa en la solidaridad y la cooperación entre los Estados miembros. Dentro de nuestras fronteras, debemos salvaguardar los avances que Europa ha realizado fomentando los derechos de grupos minoritarios como las comunidades romaníes y LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intergénero).

Con nuestro trabajo en la comisión de Asuntos Jurídicos, el Grupo S&D garantiza que podamos responder a los nuevos retos que surgen en el mundo digital. Nos hace falta una protección de datos y legislación de derechos de autor que sea apropiada para poder proteger la privacidad en línea de los ciudadanos y las ciudadanas y permitir que la innovación florezca en la Unión Europea.

En la comisión de Peticiones, nuestros eurodiputados y eurodiputadas trabajan para acercar las instituciones de la Unión Europea a sus ciudadanos y ciudadanas. Queremos garantizar que su voz se escucha en Bruselas y que se abordan directamente sus preocupaciones.

Estamos comprometidos con un enfoque positivo a la migración legal y la integración, a pesar de la creciente xenofobia y de la retórica contra los inmigrantes por parte de la derecha. El Grupo S&D cree firmemente que la Unión Europea no puede mantenerse pasiva mientras se producen tragedias en alta mar en el Mediterráneo, sino que debe garantizar que nuestro enfoque se basa en la cooperación y la solidaridad, y que las personas que pasan necesidad reciben la protección que necesitan.

La crisis de los refugiados ha mostrado que la política migratoria de la Unión Europea ya no es apta para cumplir este propósito. Necesitamos una respuesta global ante esta situación para garantizar que contamos con:

•    Un sistema en línea que recoja nuestras obligaciones internacionales de derechos humanos
•    Un enfoque estratégico para la migración y el asilo que se base en la solidaridad y la cooperación  
•    Rutas seguras y legales hacia Europa para los que pidan asilo
•    La creación de un verdadero sistema de asilo europeo
•    Más atención a la integración de los refugiados y los migrantes
•    Controles efectivos de las fronteras exteriores para garantizar que Schengen puede funcionar con más éxito
•    Un mejor uso del presupuesto de la Unión Europea para garantizar un sistema de asilo y migración que funcione apropiadamente
•    Una respuesta internacional exhaustiva a la actual crisis de los refugiados
•    Más acción coordinada para abordar la migración ilegal y el tráfico de personas

Sin embargo, necesitamos más que un plan para la migración irregular. Creemos en una Europa multicultural y diversa que respeta los derechos fundamentales y la dignidad de los migrantes y que fomenta la integración. Europa necesita un enfoque positivo respecto a la migración legal, que busque constantemente mejorar las medidas de integración a nivel nacional y de la Unión Europea, especialmente para garantizar la educación y la inclusión de los niños y las niñas migrantes. La ciudadanía de la Unión Europea debe estar disponible – pero no imponerse- para todos los migrantes de segunda y tercera generación que nacieron y se criaron en la Unión Europea y forman parte de la sociedad europea.

Para los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D, los principios de dignidad humana e igualdad ante la ley son el fundamento de una sociedad justa y democrática. Hemos liderado la lucha para consagrar la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad en los tratados de la Unión Europea, que son una base jurídica para la acción de la Unión Europea. 

En la actualidad pedimos que la Comisión Europea los amplíe para ofrecer una protección exhaustiva contra todas las formas de discriminación, pese a la oposición de la mayoría, de derechas, en el Consejo. También queremos que la Comisión revise la actual decisión marco sobre las sanciones penales contra el racismo y la xenofobia de forma que pueda incluir otras formas de delitos de odio, incluyendo los que afectan a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. 

Creemos que todos y todas tienen el mismo derecho a vivir su vida como quieran, sin discriminación. Queremos que la Comisión Europea desarrolle una respuesta europea exhaustiva ante los problemas de derechos fundamentales que afrontan las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales). Hace falta una estrategia u hoja de ruta de la Unión Europea para abordar la homofobia y todas las demás formas de discriminación que sufren las personas a causa de su orientación sexual y su identidad de género. Hemos hecho campaña continuamente para asegurarnos de que esto se mantiene en lo más alto de la agenda y hemos liderado las peticiones de una respuesta de la Unión Europea, con el apoyo del Parlamento Europeo y de los países de la Unión Europea.

Creemos que es inaceptable que la situación de la comunidad romaní europea esté empeorando continuamente. Queremos un plan de acción claro sobre la forma de reducir la exclusión social de las personas romaníes, mientras que trabajamos simultáneamente para encontrar formas de apoyarles y aumentar su inclusión en la sociedad, por ejemplo mejorando las oportunidades educativas, abordando el racismo y la pobreza y dando al pueblo romaní más voz, política y socialmente.

La amenaza del terrorismo es uno de los mayores retos que afrontamos en Europa en este momento. Los horribles ataques en Alemania, Francia, Bélgica, España, el Reino Unido y muchos otros países muestran que afrontamos una amenaza seria y que debemos actuar efectivamente para contrarrestarla. Queda claro que todavía no compartimos suficiente información de manera eficaz entre las agencias nacionales para el cumplimiento de la ley. Apoyamos el refuerzo de Europol (Oficina Europea de Policía) para ayudar a coordinar nuestras respuestas a través de las fronteras nacionales.

Sin embargo, la lucha contra el terrorismo no debe usarse para debilitar los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas, y la cooperación policial y la investigación deben tener garantías y supervisión apropiadas. Todas las medidas que limiten las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas deben estar justificadas y aplicarse de manera proporcionada, y solo deben durar el tiempo que la situación requiera. 

La prevención debe ser siempre la prioridad y debe incluir la coordinación de las políticas nacionales y la promoción de buenas prácticas. Nuestro trabajo en la lucha contra el terrorismo incluye acuerdos internacionales sobre el intercambio de información relacionada con el terrorismo entre la Unión Europea y países terceros, rastrear las finanzas de los terroristas, la regulación del acceso a sustancias químicas o que sean potencialmente peligrosas, la protección de nuestras infraestructuras críticas y la ciberseguridad.

Los denunciantes juegan un papel esencial para que las empresas multinacionales y las élites mundiales respondan por sus actos. Los escándalos de las filtraciones de Luxemburgo y los Papeles de Panamá no habrían salido a la luz si no fuera por personas valientes que facilitaron información sobre prácticas que consideraron ilegales, injustas o no éticas. Sin embargo, demasiado a menudo son esas personas quienes pagan el precio, y no aquellos a los que denuncian. Tenemos claro que la Unión Europea necesita normas armonizadas para proteger a los denunciantes que exponen las malas conductas y defienden el interés público.

Internet influye en casi todos los aspectos de nuestra vida y cada vez hay más datos personales nuestros en línea. Cómo se usan estos datos y cómo se procesan tiene una importancia esencial para todos nosotros. El Grupo S&D ha ayudado a acercar nuestra legislación sobre la protección de datos al siglo XXI, con dos grandes paquetes legislativos que se centran en el procesamiento de los datos personales por parte de la industria y los gobiernos, y en los datos que utilizan la policía y las autoridades de la justicia penal.

Los contenidos de la nueva normativa de protección de datos muestran que hablamos en serio en cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas europeos en la era digital. Las empresas o las autoridades públicas que procesen grandes cantidades de datos tendrán que nombrar a un responsable de protección de datos para garantizar que están cumpliendo sus obligaciones jurídicas. Y lo que es más importante, la legislación contiene fuertes penas para las empresas que violen la nueva normativa, con multas administrativas de hasta el 4% de su facturación mundial total.

La nueva normativa también garantiza mayor protección a todos los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea en relación a cómo la policía y las autoridades penales pueden utilizar sus datos. Esto es fundamental porque si los datos de los sospechosos, los testigos o las víctimas no se gestionan correctamente se puede poner en peligro su seguridad, así como su derecho a la privacidad o a tener un juicio justo. Por primera vez, tenemos normas claras y estrictas sobre cómo las agencias de aplicación de la ley pueden acceder a los datos personales y utilizarlos, normas que se aplican por igual a todos los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Todas las fuerzas policiales de Europa deben respetar ahora plenamente el derecho fundamental a la protección de los datos personales.

Las leyes de derechos de autor deben acomodar conjuntos de derechos contrapuestos (incluyendo el derecho fundamental de acceso a la información y a la cultura para los usuarios, y una remuneración justa de los artistas y los periodistas), ser capaces de lidiar con tecnologías y nuevos medios de comunicación que cambian rápidamente, y apoyar nuevos modelos económicos.

Una posición firme sobre los derechos civiles y digitales fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la privacidad de las comunicaciones, nos llevó a pedir que se rechazara el polémico Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).