Los Socialistas y Demócratas reconocen la importancia de reformar las normas fiscales de la UE, una reforma que lleva un considerable retraso como consecuencia de las deficiencias del actual marco de gobernanza económica. Esto no solo supone un avance esencial para la zona del euro y la Unión en su conjunto sino que también envía un mensaje fundamental a los mercados financieros.
Margarida Marques, eurodiputada del Grupo S&D y co-ponente del Parlamento Europeo sobre la reforma de las normas fiscales de la UE, ha declarado:
“El Grupo S&D ha logrado importantes mejoras. Y, lo que es más importante, ha garantizado que las nuevas normas tengan una fuerte impronta social, especialmente gracias a la nueva herramienta histórica para vigilar el progreso social y los riesgos. Hemos salvaguardado las prioridades sociales y climáticas que los partidos de la derecha pretendían eliminar, lo que propiciará unas inversiones más sostenibles e inclusivas.
“Asimismo, hemos conseguido eximir la cofinanciación nacional de proyectos de la UE —que representa en torno al 1 % del PIB de la UE— del cálculo del gasto neto, lo que liberará un considerable espacio para la inversión pública a escala nacional y ofrecerá nuevas posibilidades para formular unas políticas de la UE ambiciosas.
“También hemos garantizado muchas otras soluciones que favorecen una mayor flexibilidad y apropiación nacional, lo que hará que todo el proceso sea más democrático.
“No cabe duda de que queríamos más. Presentamos numerosas propuestas progresistas que defendimos frente a los ataques de los conservadores y liberales. No obstante, el acuerdo es un paso en la buena dirección y crea oportunidades para lograr mayores mejoras. Está claro que este acuerdo es mucho mejor que no tener acuerdo y volver a las antiguas normas o no tener ninguna norma en absoluto.
“Ahora la clave es centrarse en el futuro, aprovechar las oportunidades creadas por este acuerdo y volcar todos nuestros esfuerzos en lograr un instrumento europeo de inversión permanente. Esto resulta fundamental para complementar la normativa fiscal y garantizar los recursos necesarios para hacer realidad las transiciones ecológica y digital socialmente justas, así como para abordar otros retos. Es una prioridad clave para el próximo ciclo legislativo”.
