El Grupo S&D acoge con satisfacción la última evaluación anual sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, pero expresa su preocupación de que el informe no vaya a mejorar la situación en los Estados miembros sin una recomendación clara y específica a los gobiernos de la Unión Europea.
Domènec Ruiz Devesa, el eurodiputado del S&D que dirigió el trabajo del Parlamento Europeo en la evaluación del informe de 2020, dijo:
“El informe anual es una herramienta útil a la hora de supervisar y evaluar el Estado de derecho en todos los Estados miembros y en base a fundamentos similares. Sin embargo, es evidente que adolece del seguimiento concreto y de un calendario que permita dar solución a los problemas. Sin recomendaciones específicas a los gobiernos, el informe sobre el Estado de derecho no alcanzará su máximo potencial. El informe anual es una de las herramientas que tiene la Unión Europea para proteger el Estado de derecho, pero los esfuerzos se ven dañados cuando no se establecen vínculos directos entre los diferentes instrumentos. Por ejemplo, el informe no vincula el uso indebido de los fondos de la Unión Europea al nuevo mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho que llevamos pidiéndole a la Comisión Europea que active desde hace meses.
“Los ataques contra la libertad de prensa y la independencia judicial vuelven a ser los principales asuntos del informe, pero no en la misma medida en todos los Estados miembros. Lamentablemente, la situación se ha deteriorado constantemente en los sospechosos habituales, Hungría y Polonia. Sin embargo, la realidad es aún peor de lo que sugiere el informe. En Hungría, hay acusaciones de que el gobierno de Viktor Orbán ha estado utilizando el software Pegasus para espiar a periodistas. Mientras tanto, el hecho de que el gobierno polaco no haya implementado las sentencias de los tribunales europeos supone un debilitamiento sistemático del orden jurídico de la Unión Europea. En ambos casos, la Unión Europea debe responder con prontitud y severidad con objeto de obligar a estos gobiernos regresivos a cumplir con la legislación de la UE. La decisión de hoy de la Comisión Europea de darle un ultimátum al gobierno polaco, o hará frente a sanciones financieras, es un buen ejemplo. Instamos a la Presidencia eslovena a que utilice este informe en el Consejo de la Unión Europea, pasando a la siguiente etapa del procedimiento del Artículo 7 contra Polonia y Hungría, y que emita recomendaciones. Sin embargo, con los recientes ataques a periodistas y la imposibilidad de nombrar a fiscales europeos, el mal historial del gobierno esloveno en relación con el Estado de derecho este año sugiere que podemos esperar sentados”.
