El sector de la pesca en Europa debe basarse en recursos estables dentro de un entorno saludable, respetando los aspectos económicos y sociales del desarrollo sostenible. Nuestra responsabilidad no acaba en las fronteras de Europa; se extiende a todos los mares del mundo. La reforma de la política pesquera común (PPC) de 2013 requiere nuevas normas que se ajusten a las expectativas de los ciudadanos europeos en materia de pesca, también en relación a las exportaciones. Para alcanzar los objetivos de la reforma de la PPC, la pesca tiene que regirse de manera proactiva y en asociación con las partes interesadas, utilizando herramientas como la colegislación, regionalización, marcos legales y medidas de control existentes implicando a todas las partes interesadas.

Es importante recordar que la PPC tiene su origen en la PAC, y que su objetivo, a través de la intervención pública, es la alimentación de los europeos y asegurar la autonomía alimentaria. En un mercado abierto que enfrenta una competencia mundial puede haber dificultades de autonomía alimentaria. Ya que ambas políticas se enfrentan ahora más que nunca a desafíos estratégicos de autonomía política, se hace necesaria una legislación pública cuidadosa. Nuestra firme oposición evitó el intento liberal de introducir la privatización de los derechos de pesca, contra la cual continuaremos luchando en el futuro.  Se debe buscar un enfoque de regulación coherente en relación con la seguridad de la oferta de productos pesqueros también en el mercado internacional.

El desarrollo sostenible es un proceso para alcanzar los objetivos de desarrollo humano a la vez que se mantiene la capacidad de los sistemas naturales de continuar proporcionando recursos naturales y servicios de los ecosistemas, de los cuales dependen la economía y la sociedad. El desarrollo sostenible se ha descrito atendiendo a tres vectores: económico, ambiental y social. En este contexto, ninguno de los vectores tiene prioridad sobre los demás. Esto significa que todas las actividades tienen que ser viables (factores ambiental y económico), aceptables (factores ambiental y social) y justas (factores económico y social).

Las decisiones deben basarse en el mejor conocimiento disponible.