Hablando después de un debate y una votación sobre el informe de implementación de la Orden Europea de Protección, la eurodiputada Soraya Post, que es la portavoz de Derechos Humanos del Grupo S&D, dijo:
“Es una vergüenza que, aunque decenas de miles de personas necesiten protección nacional frente a la violencia, la Orden Europea de Protección solo se haya usado siete veces hasta el momento. Claramente, ni la Comisión Europea ni los Estados miembros han asumido seriamente su responsabilidad. Siete años después de la creación de la Orden Europea de Protección, ni los servidores públicos, ni las organizaciones de víctimas, ni las propias víctimas saben que pueden llevarse consigo sus órdenes nacionales en vigor de protección cuando viajen o se trasladen al extranjero.
“Les pedimos a la Comisión Europea y a los Estados miembros que se aseguren de que las víctimas y los profesionales que mantienen contacto con las víctimas conocen la Orden Europea de Protección y cómo funciona. Esta Directiva tiene que implementarse plenamente en los Estados miembros y la violencia basada en el género debe ser una prioridad en la Agenda de Seguridad de la Unión Europea. Todos y todas tienen derecho a vivir sin violencia y sin miedo”.
La eurodiputada Iratxe García Pérez, portavoz de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Grupo S&D, afirmó:
“En la actualidad, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en Europa. Lo mínimo que podemos hacer es garantizar que las víctimas de la violencia están protegidas, en casa y cuando viajan al extranjero. La Comisión Europea y los Estados miembros tienen que incrementar claramente sus esfuerzos y mostrar que son serios respecto a salvar vidas”.
Nota para los redactores:
La Directiva 2011/99/UE sobre la Orden Europea de Protección crea un mecanismo de reconocimiento mutuo de medidas de protección de las víctimas de delitos. La Directiva entró en vigor en enero de 2011 y los Estados miembros de la Unión Europea, salvo Dinamarca e Irlanda, tenían que implementar la Directiva antes de enero de 2015. La Directiva incluía una cláusula de revisión que establece que antes del 11 de enero de 2016 la Comisión les presentaría un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva. De momento, la Comisión no ha presentado ningún informe.
