Los Socialistas y Demócratas han recibido con agrado la propuesta para luchar contra la importación ilegal de piezas culturales que ha presentado hoy el comisario Pierre Moscovici. El comercio ilícito de obras de arte, esculturas y piezas arqueológicas valiosas es uno de los negocios más rentables del mundo, cuyo valor se estima en 6.000 millones de euros en ventas por año; sus beneficios pueden usarse para financiar el terrorismo y otras actividades delictivas. La Comisión Europea propone ahora prohibir la importación a la Unión Europea de bienes culturales que hayan sido exportados ilegalmente de sus países de origen.  

 

Elena Valenciano, eurodiputada y vicepresidenta de Comercio Internacional del Grupo S&D, afirmó:

 

“Recibimos con agrado la iniciativa del comisario Moscovici de tomar medidas enérgicas contra el comercio ilegal de bienes culturales. Cuando el ISIS destruyó deliberadamente sitios del patrimonio cultural de Siria e Irak, despertó un clamor internacional y le abrió los ojos al mundo ante el hecho de que el tráfico de antigüedades por valor de muchos miles de millones de euros se había convertido en una empresa lucrativa para que los terroristas obtuvieran dinero. Por el bien de nuestra seguridad, tenemos que cortar los flujos de dinero que alimentan a estos terroristas, destruyendo su modelo de negocio de tráfico de antigüedades. 

“El actual mosaico de legislación nacional que tenemos en la Unión Europea permite que haya demasiadas lagunas jurídicas para que los delincuentes las exploten. Hace falta una repuesta europea para garantizar que las piezas que se exportan ilegalmente desde su país de origen no pueden entrar en la Unión Europea. Por ello, necesitamos poner en marcha un sistema riguroso de certificación y garantizar que todos los actores involucrados en el comercio de antigüedades –de los funcionarios de aduanas y aplicación de la ley a las casas de subastas y los coleccionistas– juegan su papel para acabar con estos delitos contra nuestra herencia cultural común”.

 

Nota para los editores:

La propuesta de normativa se enmarca en el proceso de co-decisión y se remitirá ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.