Después de largas y difíciles negociaciones, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo político sobre la Regulación para excluir los minerales procedentes de zonas de conflicto del mercado de la Unión Europea.
Sin darse cuenta, los ciudadanos europeos son ahora “cómplices inconscientes” de empresas que obtienen beneficios con la extracción de minerales en zonas de conflicto donde se explota a poblaciones débiles y el dinero se usa para alimentar la violencia. Esos minerales están en los aparatos electrónicos que usamos a diario, como teléfonos móviles, tabletas, televisiones y ordenadores portátiles.
Los negociadores del Grupo S&D han sido cruciales para llegar a este acuerdo ambicioso que introducirá un sistema obligatorio para los importadores de minerales y metales que contengan los llamados 3TG (estaño, tantalio, tungsteno y oro).
El presidente del Grupo S&D, Gianni Pittella, dijo:
“Europa ha ganado la batalla por la justicia gracias a la tozudez, el compromiso y la fuerza de los valores del Grupo S&D. Sin embargo, no es la victoria final. Les hemos asestado un duro golpe a las milicias que, en muchas regiones del mundo, y especialmente en el área oriental de la República Democrática del Congo (RDC), masacran, abusan y violan a mujeres y a niños para explotar la minería de los llamados “minerales procedentes de zonas de conflicto”: el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro. La actual situación de “Salvaje Oeste” está llegando a su fin. Los ciudadanos europeos deben ser conscientes ahora de que es probable que su tableta, móvil o PC estén fabricados con minerales manchados de sangre inocente.
“Hemos ido a la República Democrática del Congo. Hace un año vimos con nuestros propios ojos la explotación brutal de niños y la violencia contra las mujeres. Desde entonces hemos luchado nuestra batalla ética en el Parlamento Europeo y, después, en las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea. El problema de los minerales procedentes de zonas de conflicto no es, y no puede considerarse, solo un asunto comercial.
“No será una sorpresa si la semana que viene, después de nuestra petición, el Parlamento Europeo aprueba una Resolución sobre la violencia en la región oriental del Congo y, particularmente, en los alrededores de la aldea de Beni. Los minerales procedentes de zonas de conflicto son una de las causas de raíz de esta violencia, que esperamos erradicar. Gracias a nuestro compromiso, hemos demostrado que la Unión Europea se preocupa de los derechos humanos y la dignidad humana más allá de declaraciones vacías e intereses financieros”.
La portavoz del Grupo S&D sobre los minerales procedentes de zonas de conflicto, la eurodiputada, Marie Arena, dijo:
“Al inicio de la negociación, la Comisión Europea y el Consejo rechazaron totalmente la idea de un cumplimiento obligatorio. Solo con la presión del Parlamento Europeo, liderado por el Grupo S&D, conseguimos un avance y ahora las empresas estarán obligadas a analizar los riesgos potenciales del origen de los minerales con los que comercian.
“Es un primer paso muy importante para la responsabilidad de las empresas europeas y de la cadena de producción entera. Hemos conseguido introducir una diligencia debida obligatoria* y requisitos de revelación para las empresas, desde la mina al punto de fusión de los productos, que cubre la legislación sobre minerales, así como para los importadores de los metales que contengan estos minerales.
“Queríamos avanzar más, y lo haremos. Este acuerdo no es solo fachada. Hemos insistido firmemente en una cláusula de revisión para incluir a las empresas que fabrican componentes y que comercializan el producto final (conocido como “downstream”). Para empezar, la Comisión Europea creará un sistema voluntario para estas empresas, pero se implantará una legislación más firme si este sistema voluntario no funciona. Nuestra lucha continúa, pero se ha dado un paso crucial al romper el círculo vicioso”.
* Nota para los redactores:
Orientaciones de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) sobre la diligencia debida en las cadenas de suministro responsable de minerales procedentes de áreas de alto riesgo y afectadas por conflictos. Se firmaron en noviembre del 2012.
