Los Socialistas y Demócratas han realizado una fuerte campaña para excluir los minerales procedentes de zonas de conflicto del mercado europeo y, después de una larga y difícil batalla política, la Unión Europea adoptará pronto una Regulación.
La comisión de Comercio del Parlamento Europeo, que reúne a todos los partidos, apoyará hoy un acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo para adoptar una nueva legislación. Se introducirá un sistema jurídico para garantizar la trazabilidad del estaño, el tungsteno, el tantalio y el oro, con la finalidad de garantizar que los productos que contienen estos minerales que se venden en la Unión Europea (smartphones, ordenadores portátiles, etc.) no sustentan a las milicias armadas ni fomentan violaciones de los derechos humanos en las zonas de conflicto.
El Grupo S&D ha liderado una larga campaña para instaurar un sistema de obligado cumplimiento, enfrentándose a la fuerte oposición de Estados miembros y de los grupos conservadores del Parlamento Europeo. Mañana se dará el primer paso hacia un comercio de minerales que se base en valores; pero los Socialistas y Demócratas seguirán trabajando para lograr un sistema más justo mediante revisiones futuras que se integrarán en la Regulación.
La portavoz del Grupo S&D sobre minerales de conflicto, la eurodiputada, Marie Arena, dijo:
“Desde el inicio del proceso legislativo, hemos luchado por una regulación que tuviera carácter vinculante y que se aplique a las empresas que son tanto proveedoras como transformadoras en la cadena de suministro.
“No ha sido fácil con la oposición conservadora, pero hoy hemos dado un paso esencial en la dirección correcta. Sin embargo, queda mucho que hacer todavía, especialmente en relación con las disposiciones para ayudar a las pequeñas empresas a cumplir la Regulación, pero también respecto a medidas para ayudar a los países de origen a garantizar la trazabilidad, lo cual implica apoyar a los mineros locales que son independientes y mejorar sus condiciones laborales. Por eso, defenderé que el Parlamento Europeo envíe un firme mensaje político sobre ello a la Comisión Europea”.
