El informe anual de la Comisión Europea sobre la situación del estado de derecho tiene el potencial de convertirse en una potente herramienta para evitar la futura erosión del imperio de la ley en la Unión Europea; pero hay que hacer más de cara a mantener la presión sobre los gobiernos que ya han hecho daño, como los de Hungría y Polonia. A la luz de los acontecimientos preocupantes que se están produciendo en Eslovenia, el Grupo S&D ha impulsado un debate en plenario sobre la injerencia del gobierno esloveno en el poder judicial y sus peligros para el estado de derecho.
El Parlamento Europeo presenta hoy su informe sobre la situación del estado de derecho, en una votación en la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, donde el Grupo S&D ha encabezado la petición de mejoras que permitan garantizar que el informe anual tenga impacto como parte de una caja de herramientas mayor.
El dictamen de hoy del Tribunal de Justicia Europeo, desestimando el desafío planteado por Viktor Orbán a la activación del procedimiento del Artículo 7 por parte del Parlamento Europeo, muestra que hay que seguir manteniendo la presión sobre los gobiernos regresivos que insisten en eludir la supervisión a toda costa.
Domènec Ruiz Devesa, ponente del informe anual de la Comisión Europea sobre la situación del estado de derecho, afirmó:
“El primer informe anual de la Comisión Europea sobre la situación del estado de derecho es un buen primer paso de cara a hacer más para subrayar las deficiencias en las áreas de la justicia, la libertad de prensa, las medidas anti-corrupción y los pesos y contrapesos, en todos los países de la Unión Europea. Estamos comprometidos a trabajar para asegurarnos de que el informe anual de la Comisión Europea tenga el potencial de ser una herramienta efectiva de prevención. Para ello, el informe debe incluir recomendaciones claras, y plazos para cumplirlas, y vinculaciones patentes con otras herramientas del estado de derecho que podrían activarse si los Estados miembros ignoran las recomendaciones, ya sean los procedimientos del Artículo 7, los procedimientos de infracción o el mecanismo de condicionalidad. Claramente, un enfoque preventivo no basta en países como Hungría y Polonia. En el futuro, el informe debe distinguir entre aquellos países donde algunos aspectos del estado de derecho deben mejorarse y los países en los que la falta de respeto del estado de derecho es claramente sistémica.
“El estado de derecho solo es lo fuerte que sean los tribunales que defiende esa legislación. La Comisión Europea está en lo cierto al subrayar las deficiencias de los sistemas judiciales nacionales, pero el mal está en los detalles y el informe es demasiado ligero en cuanto a los mismos. Hay gobiernos sinvergüenzas que no han hecho ningún esfuerzo para cumplir los dictámenes del Tribunal de la Unión Europea y los fallos específicos en cuanto al cumplimiento de la ley por parte de cualquier gobierno tienen que incluirse en los futuros informes. La Comisión Europea debe utilizar el informe para hablar más sobre la mala utilización de los fondos de la Unión Europea, creando una vinculación directa con el mecanismo de condicionalidad del presupuesto a la situación del estado de derecho de la Unión Europea”.
Birgit Sippel, portavoz de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Grupo S&D, afirmó:
“El informe de la Comisión Europea es un primer paso a la hora de demostrar lo distintas que son las prácticas que diferentes gobiernos utilizan como modelo para debilitar el estado de derecho. Cuando otros líderes siguen la vía autoritaria de Orbán, debe acabarse de una vez por todas la propagación de valores regresivos, como silenciar la libertad de prensa. Pero, mientras que los instrumentos individuales que evitan que se deteriore el estado de derecho son importantes, el conjunto de la caja de herramientas es lo que marca la diferencia. Como Parlamento Europeo, hemos estado pidiendo un mecanismo de la Unión Europea que fuera incluso más amplio, desde hace años, que tenga en cuenta no solo el imperio de ley, sino también la protección de los derechos fundamentales y la situación en la que se encuentra la democracia, en su conjunto. La Comisión Europea debe ampliar el alcance del informe anual en esa dirección.
“Hoy, el Tribunal de Justicia Europeo ha desestimado los desesperados intentos de Orbán de revocar una decisión democrática que tomó el Parlamento Europeo para activar el procedimiento del Artículo 7 en Hungría. El dictamen envía una señal clara del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia: cuánto más intente el gobierno húngaro evitar la supervisión y rendir cuentas conforme a la ley, más decididos estaremos a la hora de proteger a los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Ya es hora de que la Comisión Europea y los Estados miembros adopten la misma determinación: ampliando el alcance del estado de derecho, en general, y en relación con Hungría y Polonia, impulsando los procedimientos del Artículo 7 contra estos países y activando el mecanismo de condicionalidad al respeto del estado de derecho”.
