Tal como propusieron los Socialistas y Demócratas, el Parlamento Europeo ha instado hoy a la Comisión a proceder de inmediato a la salida coordinada de la UE del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y ha pedido a los Estados miembros que apoyen esta propuesta. Esta es la mejor manera de evitar que el TCE ponga en peligro las ambiciones de la UE en materia de seguridad climática y energética.
Estaba previsto que la Conferencia sobre la Carta Europea de la Energía aprobara el TCE actualizado el pasado martes, pero el Consejo no obtuvo una mayoría cualificada a favor de dicho texto. Por tanto, la reforma propuesta se eliminó de la agenda de la Conferencia.
A pesar de los esfuerzos de negociación de la Comisión, la propuesta de modernización del TCE no se ajusta plenamente al Acuerdo de París ni a los objetivos climáticos de la UE. Deja las inversiones en combustibles fósiles protegidas durante más de una década, y no supone una modificación sustancial del controvertido mecanismo ISDS*.
Inmaculada Rodríguez-Piñero, portavoz del Grupo S&D en materia de comercio, ha declarado:
“El Grupo S&D ha venido reclamando una salida coordinada de la UE del Tratado sobre la Carta de la Energía dadas las deficiencias del tratado modernizado y los recientes acontecimientos en el Consejo. Hoy, esto se ha traducido en una clara demanda conjunta por parte del Parlamento Europeo.
A pesar de la reforma, el TCE constituye un obstáculo para la acción contra el cambio climático y los esfuerzos para deshacernos de los combustibles fósiles. Concretamente, la esencia del antiguo y peligroso sistema de arbitraje privado sigue siendo la misma, lo que deja la puerta abierta a costosos procesos de arbitraje privado”.
Nota para los redactores/as:
Amparándose en el TCE, las empresas pueden intentar reclamar indemnizaciones a los gobiernos que frustran sus inversiones. Lo hacen a través de la denominada resolución de litigios entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), un mecanismo de arbitraje privado. Esto ha permitido que las empresas contaminantes desafíen la acción por el clima en tribunales secretos, lo que provoca un peligroso efecto paralizante en las políticas climáticas.
