Todas las fuerzas pro-democráticas del Parlamento Europeo se han unido hoy y han apoyado contundentemente el informe elaborado por el eurodiputado del Grupo S&D y presidente de la comisión de Libertades Civiles, Juan Fernando López Aguilar, que les pide a los Estados miembros que finalmente declaren que existe un riesgo claro de violación del estado de Derecho e incumplimiento de los valores europeos en Polonia.
El informe, que se basa en hechos, ofrece una descripción detallada de cómo el gobierno del PiS (Partido de Ley y Justicia) ha debilitado sistemáticamente el estado de Derecho y los derechos fundamentales en Polonia desde el 2015, aprovechándose de la falta de acción del Consejo de la Unión Europea. Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D les han pedido a los Estados miembros que finalmente se tomen con seriedad el procedimiento del Artículo 7 (1) y que introduzcan un mecanismo de condicionalidad efectiva en el próximo Marco Financiero Plurianual, que proteja el presupuesto de la Unión Europea cuando se viole el estado de Derecho.
El eurodiputado del Grupo S&D Juan Fernando López Aguilar, ponente del Parlamento Europeo sobre el estado de Derecho en Polonia y presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, afirmó:
“Durante cinco años, el Partido Ley y Justicia ha estado librando una guerra sin cuartel contra el estado de Derecho y los derechos fundamentales en Polonia. Los cambios sin precedentes en el sistema jurídico del país están debilitando drásticamente el imperio de la ley y la separación de poderes, con consecuencias de gran alcance no solo para el poder judicial polaco, sino también para el conjunto del proyecto de la Unión Europea. Tan sorprendente como pueda resultar, se ha asumido el control del poder judicial en un desafío abierto a la legislación, la Constitución y los tribunales polacos, ignorando incluso los dictámenes del Tribunal de Justicia Europeo.
“Pero el imperio de la ley y la independencia del poder judicial no son nuestra única preocupación. Mi Resolución, que ha sido adoptada de manera contundentemente hoy, aborda otros aspectos de la democracia polaca que está siendo cuestionada por las acciones del PiS, concretamente las restricciones y los ataques contra las libertades y los derechos fundamentales, en particular en relación con el pluralismo político, la libertad de los medios de comunicación y la protección de las minorías.
“Ya no hay más excusas para que el Consejo de la Unión Europea no actúe. El procedimiento del Artículo 7 (1) debe finalmente llevarse al siguiente nivel respecto a Polonia mientras que, al mismo tiempo, debe ampliarse su alcance para incluir la situación de la democracia y el respeto de los derechos fundamentales. Las audiencias formales deben reanudarse en la siguiente reunión de los ministros y las ministras de Asuntos Generales, el 22 de septiembre”.
La eurodiputada Birgit Sippel, portavoz de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Grupo S&D, añadió:
“Aunque sean totalmente incompatibles con las normas y los valores de la Unión Europea, las acciones del PiS se han recibido hasta ahora con total indiferencia por parte de los Estados miembros del Consejo de la Unión Europea. A pesar de que la Comisión Europea iniciara el procedimiento del Artículo 7 en 2017, no hemos visto avances. Con intencionalidad o sin ella, esta paralización es un nuevo aliciente para que el PiS siga por el camino antidemocrático actual.
“Durante el verano, el gobierno del PiS ha continuado con sus intentos de desmantelar el Tribunal Supremo mientras que, al mismo tiempo, iba tras jueces independientes y críticos de las reformas judiciales del PiS. Además, hemos presenciado la escalada del discurso de odio y la brutalidad policial contra las personas LGBTI, con la detención arbitraria, y sencillamente inaceptable, en agosto, de 48 activistas LGBTI que defendían sus derechos. También nos preocupa mucho la legislación prevista para estigmatizar a organizaciones no gubernamentales y el anuncio de que Polonia se retirará del Convenio de Estambul, que sería un grave paso atrás en la lucha contra la violencia basada en el género.
“Si los Estados miembros continúan únicamente mirando, ¡Europa perderá su credibilidad como continente de democracia, estado de Derecho y derechos fundamentales! Ahora los Estados miembros tienen ocasión de actuar y no deben dejar pasar esa oportunidad. Nos hace falta un mecanismo de condicionalidad que sea eficiente y vinculante, que proteja el presupuesto de la Unión Europea cuando el imperio de la ley se incumpla”.
