Nicaragua ha sufrido un repunte de la violencia en los últimos días que ha causado la muerte de al menos 17 personas en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, y donde decenas de personas han sido agredidas, entre ellas representantes de la Iglesia católica. Estos últimos estaban desempeñando tareas de mediación en las dos ciudades afectadas, que fueron asediadas por presuntos partidarios del Gobierno nicaragüense.

El eurodiputado y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Ramón Jáuregui, tras solidarizarse con las víctimas y sus familias, ha dicho:

"Esta tragedia añade nuevas víctimas a la cifra ya intolerable de fallecidos y heridos que vienen produciéndose desde el mes de abril. Los socialistas manifestamos nuestro firme rechazo hacia toda forma de violencia, en particular aquella que tiene por objeto a ciudadanos que ejercen pacíficamente su derecho a la protesta. Hacer uso de la fuerza contra la población civil va contra los principios básicos de la democracia y del Estado de Derecho: un Gobierno legítimo no debe ejercer ese tipo de represión ni permitir que nadie la ejerza en su nombre, porque el respeto a los derechos humanos y a la libre expresión de la discrepancia son precisamente las fuentes de su legitimidad".

Por su parte, la eurodiputada y Vicepresidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas, Elena Valenciano ha señalado que:

"El Gobierno de Nicaragua debe volcar todos sus esfuerzos en la mesa de negociación, garantizando el pleno respeto a todos los derechos de los representantes de la oposición y sus familias, incluida la Iglesia católica. Sólo a través del diálogo sincero podrá ponerse fin a esta situación de caos y vulneración de las reglas más básicas de la convivencia democrática, y buscar un futuro pacífico para Nicaragua. Un Gobierno que se dice socialista no puede ser un Gobierno represor".