El Grupo S&D ha criticado firmemente la decisión que ha tomado el presidente Rodrigo Duterte de sacar a Filipinas del Tribunal Penal Internacional (TPI). No hay duda de que esta decisión –que llega después de que el TPI abriera una investigación sobre la brutal guerra de Duterte contra las drogas– no hace más que confirmar su miedo de ser imputado.

Elena Valenciano, vicepresidenta del Grupo S&D responsable de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos, afirmó:

“El anuncio del presidente de las Filipinas de abandonar el Tribunal Penal Internacional solo confirma su absoluta falta de respeto de la legislación internacional, de la normativa penal de su propio país y de cualquier norma de civilización. La campaña anti-droga de Duterte ya es responsable de que 4.000 personas hayan muerto a manos de la policía y 7.000 de civiles. Todas ellas son ejecuciones sumarias sin garantías policiales ni judiciales”.  

El vicepresidente de Asuntos Exteriores del Grupo S&D, Victor Boştinaru, añadió:
“El anuncio del presidente Duterte es sumamente preocupante. Mientras debe verificarse su derecho a retirarse del tribunal sin el consentimiento del Senado de Filipinas, ese paso no impedirá que continúe la investigación del TPI sobre la guerra de Duterte contra las drogas. Sin embargo, significaría privar a Filipinas de una garantía fundamental de derechos humanos. El TPI debe disponer de las condiciones apropiadas para continuar exhaustivamente con los procedimientos que está desarrollando. De confirmarse los crímenes contra la humanidad, el presidente Duterte debe asumir su responsabilidad”.

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