Los Socialistas y Demócratas acogen con satisfacción la propuesta legislativa sobre el intercambio de información relativa a los criptoactivos presentada hoy por la Comisión Europea. Aunque con algunas deficiencias, obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos a compartir información clave de manera que se garantice una imposición adecuada de estos activos*.

Según la legislación propuesta, se espera que la obligación de declarar los ingresos obtenidos a partir de inversiones en criptoactivos y el intercambio de estos datos entre los Estados miembros generen 2.400 millones € de ingresos fiscales adicionales.

La eurodiputada Aurore Lalucq, portavoz del Grupo S&D en materia de fiscalidad, ha declarado:

“Esta propuesta por fin nos ofrece un intercambio de información sobre criptoactivos. Supone un paso en la dirección correcta para gravar y regular adecuadamente estos activos”.

“El reciente desplome de la bolsa de criptomonedas FTX y otros muchos escándalos del sector nos recuerdan la urgencia de regularlo. Por ello, la normativa propuesta debería aplicarse lo antes posible y no esperar hasta 2026”.

El eurodiputado Jonás Fernández, portavoz del S&D de Asuntos Económicos y Monetarios, ha añadido:

“Es fundamental garantizar la adecuada imposición de los criptoactivos, especialmente habida cuenta de la actual crisis de los precios de los alimentos y la energía. Debido al fraude y a la evasión fiscal, nuestras sociedades están perdiendo un dinero que podría utilizarse para ayudar a las personas”.

“Asimismo, la ausencia de una reglamentación adecuada de estos nuevos sistemas de pago alternativos amenaza con socavar los avances realizados en materia de transparencia fiscal. En un momento en que las criptomonedas adquieren cada vez más importancia y popularidad, la UE tiene que reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la competencia fiscal desleal”.

Nota para los redactores/as:

*La Comisión Europea ha presentado hoy la propuesta de la octava Directiva sobre cooperación administrativa, que se conocerá como DCA 8. Su objetivo es mejorar la legislación vigente sobre cooperación administrativa mediante la inclusión de los criptoactivos para garantizar que vaya al compás de la evolución de la tecnología y la economía.

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