Los Socialistas y Demócratas condenan la decisión de las autoridades rusas de incluir a la Dotación Europea para la Democracia (EED, por sus siglas en inglés) en su lista de “organizaciones indeseables”, convirtiendo a esta organización independiente que concede subvenciones en el 20° grupo extranjero que hace frente a limitaciones para poder realizar su trabajo en el país.
La vicepresidenta del Grupo S&D responsable de Asuntos Exteriores, Kati Piri, afirmó:
“La decisión adoptada por las autoridades rusas de prohibir en su territorio las actividades financiadas por la Dotación Europea para la Democracia (EED)–menos de una semana después de la enmienda constitucional propuesta que permite al presidente Putin mantenerse en el poder hasta 2036– es un golpe más a cualquier esperanza de democracia en la Federación Rusa, que sigue deslizándose por el camino al autoritarismo absoluto. Nos solidarizamos con todas aquellas voces que trabajan incansablemente por la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos en la Federación Rusa y les pedimos a las autoridades rusas que cumplan sus compromisos y obligaciones internacionales y que revisen sin más demora su decisión de incluir a la Dotación Europea para la Democracia en su lista de organizaciones indeseables”.
Isabel Santos, eurodiputada del Grupo S&D y portavoz de Derechos Humanos, añadió:
“Hemos condenado la legislación rusa sobre las “organizaciones indeseables” y los “agentes extranjeros” en varias ocasiones, ya que supone una limitación clara a la libertad y la democracia. Contribuye a coartar más a la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los partidos de la oposición”.
Nota para los redactores:
La Unión Europea fundó la EED (Dotación Europea para la Democracia) con sede en Bruselas en 2013 para apoyar los movimientos pro-democracia y a los medios de comunicación independientes fuera de sus fronteras.
La decisión de prohibir la EED en territorio ruso se suma a la legislación de 2015 que permite a los fiscales rusos limitar o impedir el trabajo de grupos extranjeros “indeseables”, castigando a quienes lo incumplan con multas o penas de prisión de hasta seis años. También expande la prohibición de Rusia del 2012 en relación con los llamados “agentes extranjeros”, que incluye una enmienda de 2017 para añadir noticias que se financien desde el exterior y una ampliación realizada en 2019 que incluye a blogueros y periodistas.
