El 30 de agosto, inmediatamente después de que cerraran las urnas en Gabón y el presidente Ali Bongo fuera oficialmente elegido para un tercer mandato, un grupo de militares anunció su destitución y detención y la suspensión de la constitución. Un mes antes, el 26 de julio, en Níger, un grupo de militares había derrocado al presidente Bazoum. Estos son solo los dos últimos golpes en la cronología de los cambios inconstitucionales de gobierno de los últimos años en el África subsahariana. Se trata de una situación sumamente peligrosa que entraña el riesgo de provocar un efecto dominó en muchos aspectos tanto en el conjunto de la región como en Europa. Manifestamos nuestra preocupación e instamos a la Comisión Europea a intensificar los esfuerzos diplomáticos para facilitar la restauración de la democracia y el orden constitucional.
El eurodiputado del Grupo S&D y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, Carlos Zorrinho, ha declarado:
“Burkina Faso, Mali, Guinea y ahora Níger y Gabón. Los golpes militares y los cambios inconstitucionales de gobierno en la región subsahariana son sumamente preocupantes por el enorme impacto que podrían tener en toda la región del Sahel y por los crecientes retos que estos golpes plantean para la democracia y el desarrollo en la región. El Grupo S&D insta a todas las partes implicadas a abstenerse de cualquier uso de la violencia y a restablecer una vía democrática hacia la estabilidad y el orden constitucional.
La COVID-19, el impacto de la guerra rusa contra Ucrania, los conflictos religiosos, las catástrofes naturales y el cambio climático —todo ello asociado con la mala gobernanza, la corrupción y el abuso de poder— han generado aún más pobreza e inseguridad, lo que ha impulsado una creciente insatisfacción entre la población. El malestar por las intervenciones exteriores, percibidas como colonialistas, y, simultáneamente, la controvertida influencia rusa y china, han debilitado la capacidad de la UE para prevenir y desalentar los golpes de Estado en la región.
Nosotros/as, como Unión Europea, debemos seguir denunciando los ataques contra el orden constitucional y democrático y reforzando nuestra cooperación con la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y todos los demás agentes internacionales implicados, para facilitar una hoja de ruta a corto y largo plazo hacia la democracia.
Así pues, debe revisarse el régimen de sanciones. Si bien se trata de mecanismos que actúan como elemento disuasorio de los golpes y como instrumento de presión para restablecer la normalidad constitucional, corren el riesgo de agravar la situación humanitaria sobre el terreno. Esto es algo que debemos evitar a toda costa. Por tanto, instamos a la Comisión a profundizar el sistema de exención aplicable a las sanciones colectivas, a fin de garantizar el acceso de las poblaciones más vulnerables a la ayuda humanitaria”.
