El Grupo S&D del Parlamento Europeo apoya que se prohíban los regímenes de inversión basados en la ciudadanía que permiten injustamente que inversores extranjeros adinerados puedan comprar derechos de la Unión Europea, como la libre circulación.
Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D también apoyan firmemente una enmienda presentada a raíz de la invasión rusa de Ucrania que les pide a los Estados miembros que retiren los derechos de ciudadanía y residencia, concedidos a través de regímenes de inversión, a cualquier persona que tengan vínculos con el régimen de Putin y que afronte sanciones de la Unión Europea.
La lista de peticiones del Parlamento a la Comisión Europea, que se debatirá el lunes y se votará el martes, también incluye controles de seguridad más rigurosos de los planes de inversión que se basen en la residencia, como la comprobación de los antecedentes policiales, la realización de entrevistas y la revisión de los antecedentes financieros.
Elena Yoncheva, que es la negociadora del Grupo S&D en las propuestas sobre los regímenes de concesión de la ciudadanía y la residencia por inversión, dijo:
“Durante demasiado tiempo, unos cuantos ricos y privilegiados han podido comprar derechos de la Unión Europea como si realizaran su compra semanal de alimentos. Ha llegado el momento de prohibir de una vez por todas los regímenes de inversión por ciudadanía en la Unión Europea. Los llamados pasaportes dorados ofrecen derechos valiosos, como la libertad de circulación y el derecho a voto, al mejor postor. El Parlamento Europeo también les pide a los gobiernos que endurezcan los criterios de elegibilidad para acceder a los regímenes de residencia en la Unión Europea, con procedimientos de investigación más rigurosos de las personas y sus familias y con requisitos más estrictos a la hora de informar del tiempo que un inversor pasa en un país.
“Tiene que existir el mismo nivel de normas en todos los Estados miembros a fin de garantizar que estos sistemas no presentan un riesgo a la seguridad o los intereses de la Unión Europea. Los Estados miembros tienen que estar fuera de toda duda en cuanto a la legitimidad de los intereses de un inversor y sus fuentes de financiación de forma que Europa sea hermética en la lucha contra el dinero negro. El paso más urgente está claro: hay que revocar los derechos de todas las personas que tengan vínculos financieros, empresariales o de otro tipo con Putin y su régimen; los derechos que se hayan adquirido a través de regímenes de inversión basados en la ciudadanía o la residencia. Estas personas suponen un riesgo inmediato para la seguridad de Europa y es evidente que no tienen en cuenta ni los intereses ni los valores de Europa. La Unión Europea se mantiene unida tras nuestros esfuerzos específicos para detener la implacable agresión de Rusia contra Ucrania y la retirada de esos derechos debe formar parte de ese esfuerzo concertado”.
