Los Socialistas y Demócratas han votado hoy para garantizar que los daños medioambientales se consideren una infracción penal grave y punible en la UE.
En una votación celebrada en la comisión de Asuntos Jurídicos sobre la nueva Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, los eurodiputados y eurodiputadas han determinado nuevas definiciones jurídicas para los delitos graves contra el medio ambiente en la UE, como el ecocidio, además de unas normas mínimas en lo que respecta a las sanciones por incumplimiento de la ley.
La comisión de Asuntos Jurídicos aboga por unas sanciones más severas que las propuestas por la Comisión en diciembre de 2021. Las empresas y los particulares declarados culpables de delitos contra el medio ambiente se enfrentarían a una multa mínima del 10% de su volumen de negocios anual y a penas de cárcel de entre 4 y 10 años, dependiendo de la gravedad del delito. Las pruebas indican que, por lo general, cuando las empresas son demandadas por delitos contra el medio ambiente, sus directores generales salen bien parados de los procedimientos penales pertinentes. Con esta Directiva, por fin podremos acabar con esta injusticia ya que la responsabilidad recae de forma directa en el director general.
Franco Roberti, negociador del Grupo S&D para la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, ha declarado:
“Ya se trate de contaminación atmosférica, del agua o del suelo, si causa un perjuicio grave a la salud de las personas y al medio ambiente constituirá un delito y el precio a pagar será muy alto.
En un mundo ideal, estas nuevas normas serían suficientes para evitar que el daño medioambiental llegara a producirse, pero puesto que parece imposible disuadir a aquellos que contaminan de forma recurrente de lucrarse a costa del planeta, es necesario castigarlos.
Los Socialistas y Demócratas hemos trabajado con ahínco para incluir el principio de “quien contamina paga” en esta legislación. Los costes que la contaminación tiene para la sociedad en su conjunto son enormes, pero está claro que esto poco importa al reducido número de personas que se llenan los bolsillos. No podemos esperar que los contribuyentes paguen la factura de los trabajos de limpieza que origina la delincuencia medioambiental, ni tampoco deberían tener que pagar, bajo ningún concepto, el precio a largo plazo de un empeoramiento de la salud y de la calidad de vida”.
