Hoy, los diputados y las diputadas al Parlamento Europeo han votado a favor de unas normas más rigurosas para proteger el medio ambiente mediante el Derecho penal. Según estimaciones de la UE, los delitos medioambientales se encuentran entre los delitos más rentables a escala internacional, con un volumen de negocios anual de más de 200.000 millones de euros y graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.
Los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo han luchado por una nueva normativa que prevendrá eficazmente el daño medioambiental, ampliará la lista de delitos medioambientales, introducirá nuevas sanciones y facilitará el acceso a la justicia.
Bajo el liderazgo del Grupo S&D, hemos logrado tipificar penalmente los delitos más graves equivalentes al ecocidio, con las penas correspondientes, lo que significa que los delitos con las consecuencias más graves para el medio ambiente podrán castigarse más duramente. Además, el hecho de que los delincuentes tengan una autorización para llevar a cabo una actividad no impedirá su enjuiciamiento, por ejemplo, si dicha autorización se ha obtenido de manera fraudulenta, mediante corrupción, extorsión o coerción, o si la autorización vulnera manifiestamente un requisito jurídico fundamental.
Franco Roberti, negociador del Grupo S&D sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, ha declarado:
“¡La votación de hoy es una victoria para todos y todas! Gracias a los esfuerzos del Grupo S&D, la recién revisada Directiva sobre delitos medioambientales disuadirá a las empresas de obtener beneficios a costa del planeta.
“La contaminación generalizada, los accidentes industriales con graves efectos medioambientales o los incendios forestales a gran escala son algunos de los delitos con consecuencias más graves para el medio ambiente. A partir de ahora, estos delitos se podrán castigar más severamente en los Estados miembros cuando causen destrucción o daños sustanciales irreversibles o duraderos a un ecosistema, un hábitat o a la calidad del aire, el suelo o el agua.
“También estamos creando nuevas y poderosas herramientas jurídicas para aquellos y aquellas que defienden el medio ambiente. Los Socialistas y Demócratas han garantizado la protección de los y las denunciantes y han contribuido considerablemente a reforzar el acceso a la justicia. Con la nueva normativa, las personas que hayan sido afectadas, o que pudieran verse afectadas, por delitos medioambientales tendrán derechos adecuados para participar en los procesos relativos a los delitos, y se compartirá información sobre el desarrollo de los procedimientos con el público interesado”.
Próximos pasos
Tras su entrada en vigor, los Estados miembros dispondrán de 24 meses para transponer las nuevas normas a su legislación nacional.
