Los eurodiputados y las eurodiputadas socialistas y demócratas han unido hoy sus fuerzas con una mayoría progresista de varios partidos del Parlamento Europeo para reconocer nuevos derechos a las personas que tienen que atender a un miembro de su familia.
Han apoyado una Resolución que le pide a la Comisión Europea que proponga “urgentemente” una nueva legislación de la Unión Europea que ofrezca una remuneración “de los cuidadores” y estándares mínimos de protección social durante el tiempo que realicen las labores de cuidado. Los conservadores, por otra parte, se han opuesto a cualquier nuevo avance hacia la reconciliación entre la vida profesional, privada y familiar.
La negociadora del Grupo S&D en este tema, Vilija Blinkevičiūtė, afirmó después de la votación:
“Hoy el Parlamento Europeo ha dado un nuevo paso hacia la mejora de la conciliación entre la vida profesional y personal de muchos ciudadanos europeos. La población europea está envejeciendo. Nuestras estructuras familiares han cambiado con el desarrollo de nuestras economías. Nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres y madres, ya no viven bajo el mismo techo que sus hijos. En muchos países, dependen de instituciones especializadas que se ocupan de nuestros mayores y familiares.
“Pero para muchos europeos no es fácil. Algunas veces, estas instituciones no son asequibles o no tienen bastante espacio. Cada vez hay más miembros de la familia –en muchos casos son mujeres– que dejan su trabajo para ocuparse de un familiar, de su marido, de sus suegros o de sus padres. Creemos que debe ofrecerse a mujeres y hombres el derecho a dejar temporalmente su trabajo para cuidar de sus seres queridos, familiares enfermos u otras personas que sean dependientes. Se les debe ofrecer el derecho a volver a su puesto de trabajo después de haber cumplido su labor.
“También estamos pidiendo que se reconozca la profesión y que se valore el trabajo que se realiza en los hogares. En la actualidad, 2,5 millones de personas trabajan en el sector de los cuidados o son empleados del hogar. El 88% de estas personas son mujeres y migrantes. Queremos que estén protegidas por nuestra legislación laboral y que se les reconozca un estatus”.
