La represión policial para desactivar las movilizaciones ciudadanas contra la reforma de la seguridad social propuesta por el gobierno de Nicaragua ha dejado al menos una treintena de muertos. El Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo considera que la retirada de la propuesta gubernamental no es suficiente, y llaman a una investigación de lo sucedido y a un cese inmediato de la violencia policial. 

Elena Valenciano, vice-presidenta del Grupo S&D para los derechos humanos, ha declarado:

"Estamos indignados por la deriva autoritaria del Presidente Daniel Ortega y de su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo. Las autoridades nicaragüenses deben garantizar que las personas puedan expresarse libremente, parar la represión y respetar los derechos humanos”.

“El Gobierno de Nicaragua debe poner un fin inmediato a todos actos de agresión en contra la población y los medios de comunicación”.

“Los responsables de los ataques que han resultado en 30 víctimas mortales deben ser llevados ante la justicia. Debe iniciarse cuanto antes una investigación rápida, imparcial e independiente".

Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista y co-presidente de la Asamblea Parlamentaria UE-América Latina (Eurolat), ha añadido:

"Lamentamos profundamente la violencia desencadenada en Nicaragua en los últimos días. Desde aquí manifestamos toda nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, y exigimos al Gobierno nicaragüense que cese cualquier forma de represión contra la ciudadanía”.

“En un Estado de Derecho, el uso de la fuerza sólo es legítimo cuando es proporcional y busca restablecer el orden sin menoscabar las libertades de expresión y manifestación de los ciudadanos. La violencia indiscriminada es intolerable en democracia, y el Gobierno que la emplea o permite que otros la empleen en su nombre, se retrata a sí mismo como autoritario.”