Los eurodiputados y las eurodiputadas de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo han apoyado hoy nuevas normas que regirán cómo las empresas pueden trasladarse entre Estados miembros de la Unión Europea. Las nuevas propuestas ayudarán a tomar medidas contundentes contra las empresas que mueven artificialmente sus sedes a otros Estados miembros para evitar pagar impuestos o eludir la legislación social.
La eurodiputada del Grupo S&D y autora del informe, Evelyn Regner, afirmó:
“Ser miembro del Mercado Interior facilita que las empresas abran oficinas en otros Estados miembros de la Unión Europea, creando empleos e incentivando el crecimiento. Sin embargo, en ausencia de un marco jurídico que esté bien regulado, demasiadas empresas se involucran en una actividad económica que no es real y, sencillamente, crean oficinas buzón en otros países como una forma de evadir impuestos o eludir las normas laborales nacionales. Hemos estado presionando a la Comisión Europea para que tome medidas contundentes contra esta clase de comportamiento abusivo durante años y finalmente ha presentado propuestas para hacerlo este año.
“Ahora hemos reforzado enormemente estas propuestas. Hemos garantizado que los trabajadores y las trabajadoras reciben la información y que son plenamente consultados en todo el proceso cuando una empresa quiera trasladar sus oficinas a otro Estado miembro. Si una empresa están intentando fusionarse o reubicarse, debe involucrar plenamente a los trabajadores y que sus derechos estén protegidos.
“La movilidad de las empresas no debe llevar a la búsqueda de foros más favorables por parte de las multinacionales, persiguiendo los índices impositivos más bajos o las protecciones laborales más laxas. Eso llevaría a una carrera de mínimos, con los Estados miembros compitiendo entre sí para ofrecer las normas más laxas posibles. Las autoridades deben poder distinguir si una empresa se está reubicando por motivos reales o sencillamente creando un acuerdo artificial para eludir sus responsabilidades jurídicas. Si estuviera participando en un acuerdo artificial, la empresa no debe recibir el certificado que le hace falta para concluir una operación transfronteriza.
“Estas propuestas son importantes para ayudar a recuperar la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas en el Mercado Interior. Debemos mostrar que aporta un beneficio económico auténtico y tomar medidas contundentes contra las empresas que abusan del mismo para evitar pagar sus impuestos y asumir sus responsabilidades”.
