En el debate en plenario de esta tarde con el comisario Paolo Gentiloni sobre los planes de la Comisión Europea en relación con el marco jurídico para la fiscalidad de las empresas, que se espera que sea presentado hoy, los Socialistas y Demócratas le pedirán a la Comisión Europea que den prioridad a un Reglamento común de la Unión Europea sobre fiscalidad de las empresas. Durante años, el Grupo S&D también ha liderado el impulso en el Parlamento Europeo en relación con un tipo impositivo mínimo efectivo que permita luchar contra la competencia fiscal y la planificación fiscal agresiva. Apenas la semana pasada, la eurodiputada del Grupo S&D Aurore Lalucq presentó su informe parlamentario sobre la reforma de la política de la Unión Europea para las prácticas fiscales perjudiciales en el que pide una fiscalidad justa de las multinacionales y que se actualicen las normas fiscales de la economía digital, en línea con las numerosas propuestas que está previsto que hoy anuncie la Comisión Europea.
La eurodiputada del S&D Aurore Lalucq, que es la portavoz de Asuntos Fiscales del Grupo y la autora de un informe parlamentario sobre fiscalidad de las empresas, afirmó:
“Nuestro sistema fiscal roto pone en riesgo la justicia social, nuestra recuperación y, sobre todo, a nuestras democracias. La Unión Europea pierde entre 160.000 y 190.000 millones de euros cada año debido a la evasión fiscal corporativa y debemos tapar este agujero con urgencia. Saliendo de la pandemia de la Covid-19, los europeos y las europeas necesitan fondos suficientes para financiar una rápida recuperación. Debemos poner fin a esta actitud de “empobrecimiento del vecino” de los países de la Unión Europea, que es un bofetón a la solidaridad entre nuestros países y dentro de nuestras sociedades. En lugar de permitir que los países compitan agresivamente entre sí e induzcan a las multinacionales a buscar el tipo fiscal más bajo, debemos garantizar conjuntamente que se aplica un tipo impositivo mínimo efectivo a todas las empresas, grandes y pequeñas, y que los beneficios son gravados donde se hayan obtenido.
“Las armas que elegimos para luchar por la justicia fiscal son: en primer lugar, un tipo impositivo mínimo efectivo que ponga un suelo mínimo a la competencia fiscal. En segundo lugar, un derecho de devolución de impuesto que permita que los países pidan impuestos cuando otros países no lo hagan, lo cual secaría efectivamente los paraísos fiscales. En tercer lugar, garantizar que los gigantes digitales pagan impuestos en base a los beneficios que obtengan en cada país, independiente de su presencia física. Les pedimos a la Comisión Europea y a los gobiernos de la Unión Europea que arrojen todo su peso sobre los objetivos de la justicia fiscal en la fase final de las negociaciones sobre la reforma fiscal con la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) y que los implementen a nivel de la Unión Europea mediante un Reglamento común de la Unión Europea sobre fiscalidad de las empresas. Es hora de ofrecer resultados a las esperanzas de los ciudadanos y las ciudadanas de justicia fiscal”.
Jonás Fernández, eurodiputado del Grupo S&D y portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios, afirmó:
“Las normas fiscales están en un cruce de caminos: las decisiones que tomemos ahora en relación con la fiscalidad darán forma a nuestra sociedad en los próximos años. Nos hace falta un Reglamento común de la Unión Europea sobre fiscalidad de las empresas que nos permita luchar contra la competencia fiscal perjudicial y contra la planificación fiscal agresiva, que garantice que los impuestos se distribuyen justamente entre las empresas y entre los países. De cara a alcanzar este objetivo, las normas establecidas para calcular la base impositiva deben tener en cuenta la cifra de ventas, el número de empleados y empleadas y el tamaño de los activos tangibles. Los recientes avances que se han realizado a nivel internacional sobre fiscalidad, junto a las nuevas propuestas de la Administración estadounidense, son nuevos incentivos para que la Unión Europea ofrezca resultados en cuanto a la definición de una base impositiva común, lo cual llevamos esperando desde hace una década.
“La transparencia es crucial para la justicia fiscal. Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D aplauden la intención de la Comisión Europea de exigir a las grandes empresas que hagan público el impuesto sobre sociedades que efectivamente pagan las empresas en relación a sus beneficios y cree que esta medida desincentivará fuertemente el traslado de beneficios, arrojará luz sobre la carga fiscal desigual que soportan las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y las grandes corporaciones, y presionará a las grandes multinacionales a aceptar finalmente sus responsabilidades fiscales con las sociedades en las que operan.
“La fiscalidad también juega un papel crucial de cara a dominar las transformaciones verde y digital mientras no se deja a nadie atrás. Volver nuestro sistema fiscal apto para el futuro requiere que nos alejemos de fiscalizar el trabajo, que actualmente representa el 50% de los ingresos fiscales, y nos enfoquemos, en cambio, en gravar la propiedad, que en la actualidad solo representa el 5%. Un desequilibrio que requiere ser corregido, ya que reducir los impuestos sobre el trabajo tiene mayor potencial de crecimiento y creación de empleo, mientras que infra tasar el capital y la acumulación de riqueza solo amplía más unas desigualdades que ya están profundamente arraigadas. Además, conseguir que quienes contaminan paguen mediante impuestos medioambientales que estén bien diseñados apoyará la transición verde y compensará los recortes de impuestos laborales que tanta falta hacen”.
Nota para los redactores:
*Las negociaciones de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) “Un marco jurídico inclusivo sobre el traslado de beneficios y la erosión de la base” se han desglosado en dos partes, los llamados Pilar 1 y Pilar 2. El Pilar 1 pretende redistribuir los derechos de fiscalidad y redefinir los derechos de fiscalidad, mientras que el Pilar 2 pretende crear un tipo impositivo mínimo efectivo. Las negociaciones se han estado desarrollando desde hace casi una década. La propuesta del presidente Biden y su compromiso de participar de nuevo activamente en las negociaciones les han dado un nuevo impulso.
Las prácticas fiscales perjudiciales son las medidas que implementan los Estados para competir con otros Estados mediante regímenes fiscales preferenciales o incentivos fiscales que estén aislados de la economía nacional, o con ventajas fiscales que se conceden incluso cuando no existe ninguna actividad económica real en su territorio.
La planificación fiscal agresiva significa la explotación deliberada de las lagunas jurídicas y los desajustes dentro de los sistemas fiscales nacionales, y entre ellos, con la finalidad de reducir de manera artificial la contribución fiscal de las empresas, particularmente de las corporaciones multinacionales, a los sistemas fiscales nacionales.
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