La pasada noche dimos un gran paso adelante para poner fin a la extendida práctica de las demandas judiciales abusivas destinadas a silenciar a periodistas, ONG, defensores/as de los derechos humanos y medioambientales y la sociedad civil, gracias a un acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo.
Gracias al trabajo de nuestro grupo político, la próxima ley hará posible que las ONG, los sindicatos y otras partes con intereses legítimos participen en los procedimientos en apoyo de las partes demandadas. También introducirá medidas relativas a la prestación de asistencia jurídica, psicológica y financiera a las víctimas de DECPP a través de una “ventanilla única”.
Los Socialistas y Demócratas llevan años dando la voz de alarma sobre el aumento del fenómeno de las demandas estratégicas contra la participación pública (también conocidas por sus siglas DECPP*), que registraron cifras récord en 2022.
Tiemo Wölken, eurodiputado del Grupo S&D y ponente de la Directiva y del informe previo del Parlamento Europeo titulado “Protección de periodistas y defensores de los derechos humanos frente a demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas”, ha declarado:
“Tras intensas negociaciones, hemos concluido un acuerdo sobre la Directiva contra las DECPP: un hito en la protección de nuestras democracias, del Estado de derecho y de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de información y de asociación. Los y las periodistas, los entes de vigilancia y todas aquellas personas que realizan actos de participación pública sobre asuntos de interés público constituyen la columna vertebral de nuestras sociedades democráticas y deberían poder llevar a cabo estas actividades sin miedo y sin ser objeto de intimidación jurídica. ¡El acuerdo de hoy es una gran victoria para nuestras democracias! Garantizará que nuestros tribunales no sean patios de recreo para el beneficio personal de los ricos y poderosos.
“A pesar de los intentos del Consejo por debilitar considerablemente muchas de las propuestas iniciales de la Comisión, hemos asegurado toda una serie de garantías procesales en favor de las víctimas de DECPP.
Una de ellas radica en proteger la definición de asuntos con repercusiones transfronterizas recogiendo elementos en el considerando correspondiente, con lo que se garantizará una comprensión amplia de este concepto cuando tenga que ser evaluado por los jueces nacionales, especialmente en cuanto a los medios a través de los que se accede al acto de participación pública.
“También hemos logrado introducir nuevas medidas complementarias en materia de asistencia, información, transparencia y recopilación de datos. Esto conlleva, entre otras cosas, poner a disposición la asistencia jurídica, financiera y psicológica existente a través de un punto de contacto único a nivel nacional. Por último, hemos garantizado el reembolso íntegro de las costas para las partes demandadas, así como la disponibilidad de sanciones severas y que se reconozca un vínculo con el derecho a la indemnización en el Derecho nacional de todos los Estados miembros.
“¡La Directiva contra las DECPP contribuirá a una mejor protección del Estado de derecho, la libertad de expresión y de asociación y, en última instancia, de nuestras democracias en Europa!”
Nota para los redactores/as:
*Las DECPP son procedimientos judiciales infundados y abusivos utilizados por los ricos y poderosos para intentar disuadir a las voces críticas de sacar a la luz cuestiones de interés público. Este tipo de litigio abusivo no solo cuesta tiempo y dinero y tiene un enorme impacto psicológico en las víctimas, sino que también supone un uso indebido de nuestros sistemas judiciales y socava nuestras democracias, el Estado de derecho y nuestros derechos fundamentales tal como se reconocen en el Derecho de la UE.
