El Grupo S&D del Parlamento Europeo está presionando por una revisión de las normas a fin de que quienes contaminan respondan por ello, en un intento de intensificar la lucha contra el daño medioambiental y el ecocidio.

Con el apoyo de una mayoría progresista del Parlamento Europeo, un informe sobre responsabilidad de las empresas por daño medioambiental pedirá una modernización, que estaba pendiente desde hace mucho, de las normas desactualizadas de responsabilidad medioambiental. El debate sobre el informe tendrá lugar hoy mismo, y la votación final será el jueves por la mañana.

Al revisar la Directiva sobre responsabilidad medioambiental y la Directiva sobre delitos medioambientales, el Grupo S&D quiere que se introduzcan normas armonizadas que se enfoquen en evitar el daño medioambiental, en reducir los riesgos y en reforzar el principio de “el que contamina paga” en toda la Unión Europea.

El eurodiputado Franco Roberti, que es el negociador del Grupo S&D sobre responsabilidad medioambiental, afirmó:

“De cara a equiparar nuestras ambiciones con el Pacto Verde Europeo, debemos actualizar las normas de responsabilidad medioambiental de la Unión Europea, que datan de hace 20 años, o corremos el riesgo de quedarnos atrás en nuestra obligación de proteger el planeta. El actual mosaico de leyes por toda Europa ha originado distintos regímenes de responsabilidad y condiciones injustas para que quienes causen daños medioambientales respondan por ello. Debemos castigar a quienes contaminan, a los que no cumplen su responsabilidad medioambiental, y por ello pedimos normas revisadas, de forma que haya un énfasis mayor en el principio “el que contamina paga”. No podemos dejar que los contribuyentes paguen la factura por un daño medioambiental en caso de insolvencia de la empresa, con lo cual la Comisión Europea debe estudiar la introducción de un sistema obligatorio de seguridad financiera. Tanto nuestro conocimiento científico sobre las sustancias contaminantes como nuestras ambiciones a la hora de abordar los desafíos medioambientales han avanzado muchísimo en los últimos años y la legislación debe evolucionar al mismo ritmo. De cara a asegurar que todos los Estados miembros estén realizando avances justos y equitativos sobre responsabilidad medioambiental, recomendamos transformar la actual Directiva en un Reglamento que esté plenamente armonizado y crear un grupo de trabajo para la Directiva sobre la responsabilidad medioambiental con el que se apoye la implementación y su aplicación en toda la Unión Europea. También nos hace falta un régimen de responsabilidad secundaria por daños a la salud humana y el medio ambiente. Al revisar las normas, esperamos asimismo que la Comisión Europea comparta nuestra ambición en lo que respecta a garantizar el pleno acceso a la justicia y una compensación justa para las personas que hayan sufrido un daño medioambiental mediante mecanismos de reparación colectiva”.

El eurodiputado Tiemo Wölken, que es el portavoz de Asuntos Jurídicos del Grupo S&D, afirmó:

“Si somos serios en la Unión Europea en relación a estar a la altura de nuestras ambiciosas credenciales medioambientales, la Unión Europea debe ser un líder en la lucha global contra el daño medioambiental y debe pedir que el ecocidio sea reconocido como un delito internacional punible. Además de este paso histórico, estamos decididos a que se actualice la Directiva de delitos medioambientales de forma que tenga en cuenta las nuevas formas y patrones de delitos medioambientales en la Unión Europea, que incluya normas mínimas de la Unión Europea para clasificar el daño medioambiental y que la contaminación sea un delito penal. El daño medioambiental no acaba en las fronteras nacionales y, al clasificar claramente y con propiedad todos los delitos medioambientales a nivel de la Unión Europea, podemos asegurar que se aplican las sanciones correctas de la misma manera y de forma equitativa en toda la Unión Europea. Con anterioridad este mismo año, los eurodiputados y las eurodiputadas ya habían votado masivamente a favor de que identificar y abordar los impactos adversos sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los derechos humanos y el medio ambiente, con diligencia debida obligatoria, sea una obligación jurídica de las empresas. Revisar las normas de responsabilidad medioambiental es otro instrumento en la caja de herramientas de cara a garantizar que las empresas son responsables y responden por cualquier acción perjudicial”.  

Eurodiputados que participan
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