Durante dos años, los Socialistas y Demócratas han estado luchando por un mecanismo eficiente que condicione el acceso a los fondos del presupuesto de la Unión Europea al respeto del estado de derecho y de los valores fundamentales de la Unión Europea. Después de difíciles negociaciones con el Consejo de la Unión Europea, que apenas dieron comienzo hace tres semanas porque el Consejo bloqueó durante esos dos años cualquier avance, el Parlamento Europeo y el Consejo han logrado finalmente esta mañana un acuerdo sobre un nuevo mecanismo.
La presidenta del Grupo S&D, la eurodiputada Iratxe García, afirmó:
“Ha sido una larga lucha, pero hemos conseguido un buen resultado. Está claro que el artículo 7 del tratado no está funcionando como debería y que nos hace falta una herramienta distinta para garantizar que se respetan nuestros valores compartidos.
“Así es que hoy podemos celebrar una victoria de la Unión Europea como una comunidad de principios compartidos, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y los derechos humanos. Proteger estos valores también es una prioridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y estoy contenta de que podamos ofrecerles resultados al respecto.
“Esto nos acerca un paso más a concluir las negociaciones sobre el MFP (Marco Financiero Plurianual), lo que también esperan nuestros ciudadanos y ciudadanas, en estos tiempos difíciles”.
La eurodiputada del Grupo S&D Eider Gardiazábal, que negoció el acuerdo en nombre del Parlamento Europeo, añadió:
“El acuerdo tiene un amplio alcance, como había pedido el Parlamento Europeo: no solo los valores fundamentales recogidos en el artículo 2 del Tratado, sino también los incumplimientos de la independencia judicial y el fraude fiscal.
“También nos hemos asegurado de que cualquier posible sanción contra un Estado miembro no afecte a los beneficiarios finales de los fondos de la Unión Europea. Los investigadores e investigadoras, los receptores de las subvenciones o las empresas deben saber que no se verán afectados por las consecuencias de los incumplimientos de su gobierno.
“Este mecanismo será efectivo porque la adopción de las sanciones se decidirá por mayoría cualificada, y no por unanimidad como lo establece el artículo 7. También se introducirá un plazo para que el Consejo de la UE no pueda dejarlo en suspenso indefinidamente”.
