A medida que el actual presupuesto a largo plazo se acerca a su fin, el Parlamento Europeo plantea sus demandas de un marco financiero más ambicioso para hacer frente a los crecientes desafíos.
La Unión Europea, al igual que cada uno de sus Estados miembros, debe obtener los fondos necesarios para cumplir las promesas que ha hecho a sus ciudadanos. Sin un respaldo financiero adecuado, estos compromisos corren el riesgo de convertirse en meras aspiraciones. Esta es precisamente la razón por la que la UE funciona con un Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto a largo plazo de la Unión. El actual MFP, que abarca de 2021 a 2027, fue acordado en 2020 por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros en el seno del Consejo. Aunque solo han transcurrido seis años, el panorama mundial ha cambiado drásticamente, lo que subraya la urgente necesidad de un MFP dotado de recursos suficientes más allá de 2027. Ha llegado el momento de debatir y negociar.
El primer paso formal en este proceso se ha dado hoy en Estrasburgo, donde el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un informe, del que soy coautor en el seno de la Comisión de Presupuestos del Parlamento. Este informe esboza las prioridades clave que deseamos que se aborden en la propuesta legislativa para el MFP posterior a 2027. Se espera que la Comisión Europea presente esta propuesta crucial este verano. Su aprobación depende del consentimiento del Parlamento Europeo, que seguirá a las negociaciones con los Estados miembros en el Consejo, basadas en el documento inicial de la Comisión. El objetivo es alcanzar un acuerdo a finales de 2026 a más tardar. La aprobación hoy de este informe por el Parlamento constituye un mensaje claro, no sólo a la Comisión sino también a los Estados miembros, sobre las posiciones que el Parlamento prevé adoptar en las próximas negociaciones.
Pero, ¿por qué abogar por un presupuesto a largo plazo después de 2027 más ambicioso que el actual? Nuestra mayor ambición se deriva del creciente número y magnitud de los retos a los que se enfrentan nuestros ciudadanos, retos que los Estados miembros no pueden abordar eficazmente de forma aislada. Entre ellos figuran el resurgimiento de la guerra en nuestro continente, la actual emergencia climática que se manifiesta en devastadores incendios forestales y graves inundaciones, una sensación generalizada de inseguridad unida al empeoramiento de las condiciones económicas y sociales a las que se enfrentan muchos europeos, la amenaza inminente de guerras comerciales originadas en terceros países junto con los problemas de competitividad que aquejan a nuestras industrias, y la acuciante necesidad de ayuda humanitaria en todo el mundo, especialmente cuando Estados Unidos señala su posible retirada de la escena internacional y del orden basado en normas. Éstas son sólo algunas de las cuestiones críticas que exigen nuestra atención y para las que será imposible encontrar soluciones sin un aumento significativo de la financiación del MFP después de 2027.
El periodo del actual MFP -de 2021 a 2027- ya ha puesto a prueba a nuestros ciudadanos y empresas con las profundas sacudidas de las repercusiones sanitarias y económicas de la pandemia COVID-19, la escalada de los precios de la energía y la guerra ilegal de agresión de Rusia y su impacto de largo alcance en nuestra seguridad. A diferencia de 2020, cuando pocos podían prever estos acontecimientos, ahora tenemos una comprensión más clara de los retos que nos aguardan. Debemos replantearnos fundamentalmente el modo en que asignamos nuestros recursos y adoptar un enfoque más estratégico del gasto.
Instamos a los Estados miembros, a la Comisión y a todas las demás partes políticas interesadas a que sitúen a las personas y sus expectativas en el centro del próximo MFP. Este es el único camino para lograr resultados tangibles y visibles, convenciendo así a los ciudadanos de que el proyecto europeo sirve realmente a sus intereses.
Con este espíritu, los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo enviamos una señal clara a la Comisión y a los Estados miembros: aproximadamente 20 millones de niños de la Unión corren el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social. Se trata de una situación inaceptable, y exigimos un presupuesto específico dentro del Fondo Social Europeo+ para reforzar la Garantía Infantil Europea como pilar central de la estrategia de la UE contra la pobreza.
El MFP post-2027 debería incorporar dos instrumentos específicos: uno dedicado a garantizar la solidaridad frente a las catástrofes naturales y otro para la respuesta general a las crisis. La política de cohesión es, y debe seguir siendo, un instrumento de inversión destinado a reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones y comunidades de nuestra Unión. En consecuencia, debemos salvaguardar la política de cohesión para que no se vea mermada por las crisis que surgen constantemente y abstenernos de utilizarla repetidamente como último recurso cuando la UE necesita urgentemente fondos para hacer frente a situaciones de emergencia.
Además, la política de cohesión debe seguir siendo competencia de las autoridades regionales y locales, que son las que mejor conocen las necesidades de sus ciudadanos.
La UE no debe descuidar a sus agricultores. Este sector es especialmente vulnerable a los choques inflacionistas, que erosionan significativamente el poder adquisitivo de los agricultores. Por ello, pedimos una financiación adecuada y previsible para la Política Agrícola Común en el próximo MFP.
Volviendo a los retos internos de la UE, también debemos reconocer las amenazas que emanan de más allá de nuestras fronteras. La defensa y la seguridad deben ocupar un lugar destacado en el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión después de 2027. Sin embargo, ello no debe implicar recortes ni la desviación de fondos de políticas sociales cruciales. La solución a este aparente dilema -seguridad frente a política social- reside en establecer un nuevo sistema de auténticos recursos propios, una medida por la que el Grupo S&D ha abogado durante mucho tiempo.
Esto no sólo asegurará el reembolso sostenible de la deuda conjunta de la UE, sino que también garantizará la capacidad de Europa para responder eficazmente a las crisis y abordar las necesidades de sus ciudadanos. El Grupo S&D también insiste en que debe haber nuevos préstamos conjuntos para garantizar que la Unión tiene recursos suficientes para dar una respuesta colectiva a la multitud de retos a los que nos enfrentamos, incluida la defensa, y que esta vez el Parlamento ejerce plenamente su papel en este proceso.
Por último, y de manera crucial, el respeto del Estado de Derecho debe ser un requisito previo absoluto para acceder a la financiación europea, tanto en el marco del actual como del futuro presupuesto a largo plazo de la UE.
Carla Tavares es diputada portuguesa del Parlamento Europeo por el Grupo S&D y co-negociadora del próximo presupuesto plurianual de la UE para después de 2027 en la Comisión de Presupuestos del PE.
