El Grupo S&D ha recibido con agrado las propuestas de la Comisión Europea para crear normas más claras cuando una empresa quiera trasladarse a otro país, y también para tomar medidas drásticas contra las empresas que trasladen sus sedes artificialmente a otro Estado miembro para evitar pagar impuestos o eludir la legislación social. El Grupo S&D luchará ahora para garantizar que la legislación final es lo más contundente posible.
El presidente del Grupo S&D, Udo Bullmann, dijo:
“La Comisión Europea ha escuchado nuestra petición y presenta propuestas para tomar medidas drásticas sobre el aumento de las empresas buzón. Son empresas que trasladan sus sedes a jurisdicciones en las que tienen poca o ninguna actividad económica real, simplemente para beneficiarse de impuestos más bajos o de protecciones sociales más bajas para sus trabajadores y trabajadoras. El reciente dictamen del TJE (Tribunal de Justicia Europeo) mostraba que estas situaciones era perfectamente aceptables en base a la actual legislación de la Unión Europea, creando una situación “de ley de la selva” y subrayando que las normas actuales no son aptas para cumplir su propósito. Sin nuevas normas se llegaría a una carrera de mínimos entre Estados miembros, ofreciendo menores protecciones y acuerdos fiscales preferenciales a empresas multinacionales.
“Estudiaremos estas propuestas en detalle y lucharemos para garantizar que disponemos de normas claras y de obligado cumplimiento en relación a cómo y cuándo una empresa se traslada a un nuevo Estado miembro de la Unión Europea. Las mismas deben respetar el principio de que los impuestos se pagan donde se generan los beneficios y garantizar que no se debilitan unos estándares sociales sólidos”.
La portavoz de Asuntos Jurídicos del Grupo S&D, Sylvia-Yvonne Kaufmann, añadió:
“Queremos garantizar que las empresas estén registradas en el país en el que se lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas. Las empresas deben reubicarse solo cuando exista una razón real para que lo hagan, y no simplemente como una forma de buscar el índice fiscal más bajo o una manera de eludir los derechos de los trabajadores. Los trabajadores de la empresa deben ser plenamente consultados y estar totalmente involucrados cuando se pretenda realizar cualquier movimiento.
“Estas propuestas deben ir de la mano de una mayor transparencia sobre la propiedad de la empresa. Después de las revelaciones tanto de LuxLeaks como de los Papeles de Panamá, existe una clara necesidad de mostrarles a los ciudadanos y las ciudadanas que la Unión Europea está actuando para abordar la evasión fiscal y la ingeniería financiera dudosa por parte de las empresas. Estas propuestas de la Comisión Europea son un avance en la dirección correcta, pero ahora lucharemos para volverlas lo más sólidas posible”.
