Los Socialistas y Demócratas han conseguido hoy que se apruebe el objetivo de un 40% de eficiencia energética antes de 2030 en una votación en la comisión parlamentaria de Energía e Industria. Una coalición progresista ha logrado garantizar un objetivo ambicioso que es vinculante frente a los intentos conservadores de debilitarlo.
La vicepresidenta de Sostenibilidad del Grupo S&D, la eurodiputada Kathleen Van Brempt, afirmó:
“Hasta ahora, las empresas han estado intentando ser más competitivas reduciendo los costes laborales, a menudo a costa de los trabajadores. Entretanto, se ha derrochado mucha energía y se ha gastado mucho dinero en comprar combustibles fósiles fuera de la Unión Europea a un precio muy alto. Ahora debemos desencadenar “la revolución del aprovechamiento energético”.
“La eficiencia energética puede ahorrarnos muchísimo dinero en importaciones, contribuirá a luchar contra el cambio climático y también será beneficiosa para las familias y los hogares. En una decisión política debemos valorar cómo afecta a los más vulnerables de nuestra sociedad. Bien, esta Directiva lo hace. Hemos introducido disposiciones de pobreza energética para obligar a los Estados miembros a dar prioridad a medidas dirigidas a los hogares que tengan bajos ingresos y pobreza energética, porque es más probable que vivan en casas muy mal aisladas y, por lo tanto, tengan que gastar más dinero en calefacción, refrigeración y electricidad”.
El portavoz de Energía del Grupo S&D, el eurodiputado Dan Nica, afirmó:
“El principio de eficiencia energética se implementarán en toda la cadena energética, incluyendo la generación, la transmisión, la distribución y la utilización final de la energía.
“Existe un gran potencial para ahorrar energía en edificios públicos. Los edificios gastan cerca del 40% del total de la energía que se utiliza en la Unión Europea y el sector público tiene una gran responsabilidad a la hora de mostrar que merece la pena invertir en la eficiencia porque se ahorra dinero a largo plazo. Celebro el papel ejemplar que todas las autoridades públicas tendrán ahora, dado que la obligación de renovar el 3% de sus edificios anualmente se ampliará no solo a los gobiernos centrales, sino que también incluirá todos los edificios públicos.
“Será un paso más hacia un parque de viviendas “descarbonizado” antes de 2050. Los ayuntamientos, los colegios, las instalaciones deportivas, los hospitales y muchos otros espacios públicos se beneficiarán de un proceso de modernización que reducirá las emisiones, creará empleos y mejorará la salud”.
