Los negociadores y las negociadoras del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo han apoyado hoy nuevas normas que regirán cómo las empresas pueden moverse entre los Estados miembros de la Unión Europea. El Grupo S&D ha garantizado que estas nuevas normas eviten la creación fraudulenta o abusiva de empresas para evitar pagar impuestos o eludir la legislación social.
La eurodiputada del Grupo S&D y principal negociadora del Parlamento Europeo para las normas de movilidad de las empresas, Evelyn Regner, afirmó:
“El acuerdo de esta tarde introduce, por la primera vez, un procedimiento con normas claras para todas las empresas que quieran trasladarse a otros Estados miembros. Entretanto, ayudarán a tomar medidas contundentes contra las empresas que se trasladen de manera artificial con el objetivo de evadir impuestos, contribuciones sociales o las legislaciones laborales nacionales. Es un tema por el que hemos estado presionando a la Comisión Europea desde hace años. El acuerdo de esta tarde es un paso importante para las empresas que utilizan su derecho a reubicarse y para los trabajadores y las trabajadoras, cuyos derechos están ahora mejor protegidos.
“Nos hemos asegurado de que los trabajadores y las trabajadoras sean plenamente informados y consultados siempre que una empresa quiera trasladar sus oficinas a otro Estado miembro. También hemos garantizado que sus derechos de participación se vean reforzados en todas las operaciones transfronterizas que cubre esta nueva norma: las conversiones, las fusiones y las divisiones en el mercado único. Si una empresa intenta fusionarse o reubicarse, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras deben estar protegidos.
“Apoyamos plenamente a las empresas que se expanden a otros Estados miembros para realizar una actividad económica real, que impulse el crecimiento y cree empleos, pero no a aquellas que lo hacen para rebajar las protecciones laborales o pagar menos impuestos. El mercado único no puede significar una carrera de mínimos. Estas nuevas normas significarán que las empresas que participen en prácticas fraudulentas o abusivas que eludan la legislación nacional o de la Unión Europea sobre, por ejemplo, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la fiscalidad o la seguridad social, no recibirá la certificación necesaria para concluir una operación transfronteriza. Por otra parte, la ley crea, por primera vez, certidumbre jurídica para las empresas que utilicen su derecho a la libertad de establecimiento.
“Les pedimos a los gobiernos nacionales que aprueben ahora estas medidas y den pasos contundentes contra aquellos que explotan las desigualdades y los derechos de los trabajadores”.
