El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el informe Tinagli sobre “La fiscalidad digital y las reformas en curso en el marco del G20 y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (BEPS 2.0)”*, una base fundamental e importante para lograr un sistema fiscal que sea justo. Sin embargo, una coalición de conservadores y liberales ha rechazado la enmienda introducida por los Socialistas y Demócratas, que pedía un tipo impositivo mínimo efectivo del 18% a nivel de la Unión Europea.
Jonás Fernández, eurodiputado del S&D y portavoz de Asuntos Económicos, afirmó:
“Hoy el PPE (Partido Popular Europeo) ha mostrado de nuevo su verdadera cara: está protegiendo los intereses de las grandes multinacionales. Al rechazar unas de las herramientas más efectivas para tomar medidas drásticas contra la evasión fiscal –un tipo impositivo mínimo efectivo del 18%– está permitiendo que las grandes empresas no paguen prácticamente impuestos. Como la creación de valor digital no requiere presencia física –un principio sobre el que se basan nuestras normas actuales– un tipo mínimo fiscal sería un gran avance para gestionar mejor la digitalización de la economía. El PPE tendrá que explicarles a los ciudadanos y las ciudadanas por qué tienen que recoger la factura fiscal que no pagan las grandes multinacionales”.
Irene Tinagli, eurodiputada del S&D y autora del informe, dijo:
“Ya es hora de que traigamos las legislación fiscal a la era digital. Queremos garantizar que las grandes empresas pagan su cuota justa de impuestos donde se crea el valor y donde tiene lugar la actividad económica. Con normas que sean fáciles de implementar, queremos limitar la competencia fiscal y garantizar igualdad de condiciones entre las empresas. Deben incluirse todas las empresas digitales multinacionales que tengan una participación y una interacción activa con consumidores y usuarios. Pedimos una reforma fiscal internacional que sea ambiciosa. Pero una cosa está clara: si no se puede alcanzar ningún acuerdo a finales de 2020 a nivel de la OCDE, la Unión Europea debe estar dispuesta a actuar en solitario. La petición de nuestros ciudadanos y ciudadanas de justicia fiscal no puede esperar más”.
Nota para los redactores:
*Las negociaciones internacionales para abordar los retos fiscales que surgen de la digitalización de la economía o BEPS 2.0 (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios, por sus siglas en inglés) se iniciaron a finales de enero de 2019 en el Marco Inclusivo (más de 130 países que cooperan en relación con el impuesto de sociedades), con el apoyo de la OCDE. Ese trabajo también lo apoyará el G20 a finales de 2020 y pretende crear un enfoque unificado para redistribuir los derechos fiscales y redefinir la presencia fiscal (nuevo nexo), en un primer pilar. Un segundo pilar aspira a definir un nivel mínimo de fiscalidad efectiva mediante un impuesto internacional contra la erosión de la base imponible.
El texto de la enmienda presentada por el Grupo S&D dice: “Considera que cualquier debate en la OCDE/G20 para la creación de un tipo fiscal mínimo debe incluir consideraciones sobre una definición de la base asociada con el tipo; considera que debe fijarse un tipo mínimo efectivo a un nivel justo y suficiente para desalentar el traslado de beneficios y evitar la competencia fiscal perjudicial; recomienda, por lo tanto, un tipo mínimo efectivo del 18%, observando que la media actual en la Unión Europea de los tipos impositivos de renta corporativa obligatoria es del 21,7%[1] y que algunos retos políticos, como el cambio climático, requerirán espacio político y herramientas fiscales”.
[1] Op. cit, Tendencias fiscales en la Unión Europea.
