La protección de los intereses financieros (PIF) de la Unión Europea es esencial para garantizar una buena gestión del dinero público y servir a los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. En el informe de este año, elaborado por Gilles Pargneaux, se han recibido con agrado dos pasos importantes: la adopción de la Directiva sobre la PIF y la creación de una Fiscalía Europea. Sin embargo, es lamentable que no todos los Estados miembros hayan decidido participar en la última. Aunque con los años se ha producido una reducción constante de las irregularidades, siguen existiendo muchas en grandes áreas de gasto indirecto como cohesión, agricultura y pesca. Se puede esperar que la simplificación ayude a reducir más esas irregularidades.  

El ponente del Grupo S&D para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, Gilles Pargneaux, afirmó:

“Cada euro que no se ingresa en la cuenta aduanera es una pérdida enorme para los ciudadanos y las ciudadanas, para el Estado miembro defraudado y para el conjunto de Europa. En momentos tan difíciles, en los que la presión de la austeridad todavía pesa sobre la capacidad de gasto pública, no podemos permitirnos perder casi 2.000 millones de euros (1.987 millones de euros) del presupuesto de la Unión Europea, como en el caso del fraude aduanero en el Reino Unido que denunció la investigación de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) a principios de 2017. Este caso, vinculado a textiles y calzado importado desde China a través del Reino Unido en el periodo 2013-2016, podría ser una de las mayores redes de fraude descubiertas por la OLAF en toda su historia. Como referencia comparativa, en 2016 la OLAF les recomendó a los Estados miembros que recuperaran “solo” 631 millones de euros de posibles fraudes de 272 investigaciones concluidas. 

“El contrabando de tabaco es otra de las causas de enormes pérdidas presupuestarias de la Unión Europea y un motivo de preocupación importante en relación con la salud de los ciudadanos y las ciudadanas.

“Estos fondos deben recuperarse y recibimos con agrado el procedimiento de infracción que ha iniciado la Comisión Europea. Necesitamos con urgencia medidas actualizadas para evitar que un fraude fiscal así vuelva a suceder en el futuro, como una mayor armonización aduanera y la mejora del flujo de información sobre importaciones entre las autoridades fiscales y aduaneras. En relación con el tabaco, no deben renovarse los acuerdos con PMI (Philip Morris International), BAT (British American Tobacco), JTI (Japan Tobacco International) e ITL (Imperial Tobacco Limitated).

“El debate actual sobre el futuro presupuesto europeo será una dura batalla por los recursos. Recuperar los fondos que se han defraudado de los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas debe ser un primer logro fundamental para la Unión Europea”.

La coordinadora del Grupo S&D en la comisión de Control Presupuestario, la eurodiputada Inés Ayala Sender, añadió:

“No podemos aceptar que se abra un diálogo sobre la propuesta de reducir el tamaño de la Comisión Europea en base al argumento del impacto del Brexit; pero no podemos aceptar que la Comisión Europea y los Estados miembros nos digan que no queda dinero para el próximo MFP, cuando no se ha impulsado ninguna movilización real para recuperar la pérdida de esas cantidades masivas (en 2015, se perdieron cerca de 160.000 miles de millones debido al fraude en materia de IVA de la Unión Europea). No es solo sumamente frustrante; es que no lo contemplamos como una opción.

“El llamado fraude Carousel y el contrabando de tabaco, así como el fraude aduanero, son algunas de las áreas en las que el presidente Juncker y su Comisión deben finalmente actuar para acabar con el fraude. Debemos ampliar el conjunto de recursos propios de la Unión Europea; entretanto, debemos preservar y defender firmemente el IVA contra el fraude, como el principal recurso del que depende la Unión Europea.

“La lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal van de la mano con una protección concreta y efectiva de los denunciantes y del periodismo de investigación. En este sentido, gracias a la iniciativa y al apoyo crucial del Grupo S&D, hemos logrado un nivel digno de protección de todos los actores que siguen siendo fundamentales en la detección del fraude”.