Los Socialistas y Demócratas de la comisión de Mercado Interior han apoyado hoy medidas para reforzar los actuales derechos del consumidor en la Unión Europea y facilitar mejores herramientas para luchar contra las prácticas comerciales desleales, las cláusulas contractuales y la indicación de precio. 

 

La legislación propuesta amplía la protección del consumidor a zonas grises de los servicios en línea, como los contratos que se concluyen a través de plataformas o servicios que son supuestamente gratuitos.

 

La portavoz del Grupo S&D para este tema, la eurodiputada Evelyne Gebhardt, dijo:

 

“La Unión Europea tiene algunas de las normas más fuertes sobre protección del consumidor del mundo; pero debemos asegurarnos de que esta legislación está actualizada y cierra lagunas jurídicas que se han vuelto obvias.

 

“Se reforzarán las obligaciones de transparencia en mercados virtuales como TripAdvisor o Amazon respecto a la publicidad oculta y los posicionamientos de pago, así como obligaciones que le clarifican al consumidor y la consumidora quién es el socio contratante. También se aplicará a los servicios gratuitos. Algunas empresas ofrecen servicios gratuitos a cambio de los datos de los usuarios, con lo cual estos usuarios y usuarias también se merecen estar protegidos frente a prácticas abusivas.  

 

“También estamos decididos a prohibir los productos de doble calidad. Todos los europeos y europeas, independientemente de donde vivan, se merecen la misma calidad en los productos. Solo cuando haya preferencias regionales claras que puedan demostrarse, se permitirá alterar el contenido o los ingredientes, por el suministro de ingredientes locales. Sin embargo, hay que darle visibilidad en el envase del producto para informar a los consumidores”.

 

El portavoz de Mercado Interior del Grupo S&D, el eurodiputado Nicola Danti, dijo:

 

“Si queremos que la economía digital prospere debemos asegurarnos de que es un entorno seguro y justo. Por eso, nuestro principal objetivo es modernizar las normas actuales y adaptarlas al entorno digital.

 

“El entorno digital cambia muy rápido, así que algunas de las antiguas disposiciones ya no se aplican, como la necesidad de facilitar el número de fax del comerciante. Además, los mercados digitales estarán obligados a informar sobre cualquier publicidad oculta o posicionamiento pagado, y tendrán que decirle al consumidor y la consumidora quién es su parte contratante. Estas nuevas normas de transparencia se aplicarán tanto a los contratos de servicios pagados como gratuitos.

 

“Uno de los principales problemas en la actualidad es la falta de sanciones disuasorias y la mala dotación de las autoridades de consumo de la Unión Europea para sancionar prácticas. La propuesta que se ha votado esta mañana introduce la obligación de que las autoridades nacionales impongan penas efectivas y proporcionadas y criterios sobre cómo calcular el nivel de una multa en las infracciones generalizadas en la Unión Europea. Serán de 10 millones de euros o, al menos, un 4% de la factura anual del comerciante del año fiscal previo”.