La legislación sobre competencia de la UE constituye una valiosa herramienta para proteger a los consumidores y consumidoras frente a los precios injustos. A raíz de la adopción por parte del Parlamento Europeo del informe sobre la política de competencia de este año, los Socialistas y Demócratas han arrojado luz sobre el papel que puede desempeñar la legislación sobre competencia de la UE en la lucha contra la denominada “inflación de la codicia” (o greedflation, según el término inglés). Esto hace referencia a los aumentos de precios que se producen cuando las empresas se aprovechan de la subida de los precios de la energía para engrosar sus beneficios.
Un nuevo estudio sobre greedflation, realizado por encargo del Grupo S&D, expone medidas concretas para que la Comisión Europea pueda introducir un “criterio de consumidor vulnerable” al aplicar las normas de competencia. En la práctica, esto implica centrar la política de competencia en las necesidades de los consumidores/as con bajos ingresos.
René Repasi, eurodiputado del Grupo S&D y ponente del Parlamento Europeo en materia de política de competencia, ha declarado:
“En el informe sobre competencia de este año, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que utilice todos los medios disponibles en el marco de la legislación sobre competencia para contener la crisis del coste de la vida. Tal como reconoce el informe, la subida de los precios de los alimentos y la energía ha generado unos beneficios empresariales excesivos, o una ‘inflación de la codicia’, que está afectando de lleno a los consumidores y consumidoras vulnerables.
Actualmente, la Comisión aplica las normas de competencia de manera horizontal en todos los sectores. Una subida en los precios de los yates o los Rolex se trata con la misma prioridad que una subida del precio del pan o de la calefacción. En un momento en que los precios de la energía y los alimentos están disparados debido a la guerra en Ucrania, esto resulta inaceptable. Pedimos a la Comisión que aplique la legislación sobre competencia de forma más selectiva, desplazando la atención de ‘cualquier consumidor’ a los ‘consumidores vulnerables’.
Esto puede lograrse mediante la introducción de un ‘criterio de consumidor vulnerable’ con arreglo al marco legislativo actual, puesto que afrontar la crisis del coste de la vida responde al objetivo de los Tratados de la UE de establecer un mercado interior que obre en pro de un crecimiento económico equilibrado, la estabilidad de los precios y una economía social de mercado.
El nuevo estudio que encargamos establece cómo puede conseguirse esto en la práctica gracias a las facultades de ejecución y fijación de prioridades de la Comisión. Esperamos que la Comisión haga suyas estas ideas y actúe de inmediato en beneficio de los europeos y europeas más vulnerables”.
