¡Lo conseguimos! En una negociación entre el Parlamento Europeo, los Estados miembros y la Comisión, hemos alcanzado un acuerdo político para adoptar nuevas normas vinculantes destinadas a garantizar que las empresas actúen de forma responsable.
La Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad será la primera legislación del mundo que obligue a las empresas, tanto dentro como fuera de la UE, a asumir responsabilidades por sus métodos de producción y por el impacto de sus actividades en los derechos humanos y el medio ambiente: el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, entre otros aspectos.
Se trata de una gran victoria para los Socialistas y Demócratas, que emprendieron esta lucha hace más de tres años con un informe de propia iniciativa del Parlamento. Según el acuerdo, se regirán por esta legislación todas las empresas tanto de la UE como de fuera de la UE que tengan al menos 500 empleados/as y un determinado volumen de negocios. Estas tendrán que identificar, prevenir y corregir cualquier daño causado (como los daños medioambientales o la esclavitud) a lo largo de toda la cadena de valor de sus operaciones.
Lara Wolters, ponente del Parlamento Europeo sobre diligencia debida, ha declarado:
“El trabajo infantil en el Congo para extraer cobalto para nuestros teléfonos móviles, la degradación de la selva tropical en Brasil para obtener la soja que acaba en nuestros supermercados: estos son solo dos ejemplos de prácticas empresariales irresponsables que se siguen produciendo en el mundo de hoy, y que tienen un especial impacto en las personas más vulnerables.
“No podemos seguir mirando hacia otro lado, especialmente cuando el producto de sus cadenas de suministro acaba en nuestros supermercados, nuestros armarios o en los teléfonos inteligentes y ordenadores que utilizamos en nuestra vida cotidiana.
“Hoy, los Socialistas y Demócratas celebramos que, a partir de ahora, cuando el proveedor de una empresa explote a los trabajadores y trabajadoras de sus fábricas, tendrá que tomar medidas para subsanar la situación o de lo contrario se enfrentará a sanciones. También es una gran victoria que las víctimas de abuso empresarial puedan obtener justicia con mucha más facilidad. Como el mayor mercado único del mundo, la UE tiene el poder de reparar los daños en la cadena.
“Según el acuerdo político, las empresas tendrán que elaborar y presentar planes de transición climática en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, que incluyan objetivos y medidas concretos para conducir sus cadenas de valor hacia la neutralidad climática de aquí a 2050, en fases de cinco años a partir de 2030. ¡Esta es una de nuestras grandes victorias!
“Deploramos que el sector financiero —bancos, aseguradores y gestores de activos— no tenga la misma obligación de abordar los impactos que otros tipos de empresas”.
Notas para los redactores/as — principales logros del Grupo S&D:
· Quedarán cubiertas las empresas tanto de dentro como de fuera de la UE que tengan como mínimo 500 empleados/as y un volumen de negocios de al menos 40 millones €.
· Las empresas tendrán que identificar sus efectos a lo largo de su cadena, y priorizar, prevenir o atajar dichos impactos —por ejemplo, modificando sus prácticas de compra, ejerciendo su influencia o modificando sus operaciones comerciales—, así como resarcir a las víctimas, por ejemplo, mediante compensación financiera o una disculpa pública.
· Podrán imponerse multas, con un importe máximo de al menos el 5% del volumen de negocios de la empresa; asimismo, podrá ordenarse a una empresa que tome medidas o que cese algunas prácticas (es decir, medidas cautelares).
· Se impondrán sanciones a las empresas que incumplan las normas; las víctimas de abusos empresariales podrán obtener justicia con mucha más facilidad, ya sea en los tribunales o con otro tipo de medidas de reparación (también mediante compensación financiera).
· Las empresas tendrán que garantizar que sus cadenas de valor sean climáticamente neutras para el año 2050, y deben presentar planes de transición climática en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, que incluyan objetivos y medidas concretos para conducir sus cadenas de valor hacia la neutralidad climática de aquí a 2050, en fases de cinco años a partir de 2030.
· Las víctimas de daños tendrán un mejor acceso a la justicia: las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos podrán representar a las víctimas ante los tribunales, y los órganos jurisdiccionales podrán obligar a las empresas a divulgar pruebas, además de adoptar medidas cautelares para frenar el daño.
Próximos pasos
El acuerdo político se adoptará en la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) y se votará en una sesión plenaria en 2024.
