Los derechos sociales son el cimiento de una sociedad justa e inclusiva, ya que garantizan que todas las personas reciban el mismo trato, disfruten de las mismas oportunidades y queden protegidas frente a la discriminación. Estos derechos, que abarcan ámbitos fundamentales como la educación, la atención sanitaria, la vivienda, el empleo, la seguridad social y el acceso a la cultura, permiten a las personas vivir una vida plena. Garantizan el acceso a una educación y una atención sanitaria de calidad, una vivienda segura, un empleo justo, apoyo social y experiencias culturales enriquecedoras. Al promover la cohesión social y reducir las desigualdades, los derechos sociales crean una comunidad armoniosa y próspera para todos y todas.
El trabajo debe remunerarse. Uno de cada seis europeos/as no gana lo suficiente para llegar a final de mes. Aunque trabajen con ahínco 40 horas a la semana, o incluso más, muchos europeos y europeas no pueden gozar de un nivel de vida digno debido a los desorbitados precios. Estamos hablando de las mismas personas que mantienen a flote nuestras sociedades: cajeros/as y reponedores/as de supermercados, cocineros/as y camareros/as, camioneros/as, cuidadores/as profesionales, trabajadores/as del campo y personal de guarderías. Todas estas personas están infravaloradas y mal pagadas.
La Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados por fin acabará con el escándalo de los trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza. Al mismo tiempo, estamos reforzando la negociación colectiva como la mejor manera de garantizar unas condiciones laborales dignas en toda la UE. El viejo planteamiento erróneo europeo de reducir los salarios y romper los convenios colectivos sectoriales perjudica a las personas. Es tiempo de cambio y estamos tomando el mando para que esto ocurra: los salarios tienen que subir y también tiene que aumentar la capacidad de negociación de los trabajadores y trabajadoras. Los salarios mínimos deberían funcionar como un umbral de la decencia. Para que verdaderamente queden fijados en un nivel adecuado habrá que tener en cuenta el coste de vida. Unos salarios mínimos justos beneficiarán a innumerables europeos y europeas al reducir la brecha salarial de género y combatir las desigualdades.
Hoy, las mujeres siguen ganando de media un 14,1% menos que los hombres en puestos comparables. Un verdadero escándalo en pleno siglo XXI.
Apoyamos los esfuerzos de la comisaria Helena Dalli para introducir una Directiva sobre transparencia salarial, un primer paso fundamental para poner fin a las diferencias salariales entre hombres y mujeres, que siguen siendo demasiado elevadas. La Directiva se aplicará a todos los empleadores y empleadoras, tanto del sector público como del privado, y a todos los trabajadores y trabajadoras. Una gran mayoría de países de la UE no cuentan con un marco jurídico sobre transparencia salarial. Con las nuevas medidas sobre transparencia salarial propuestas, será posible identificar sesgos de género en las estructuras salariales o salarios que sean insuficientes. Las nuevas medidas permitirán a los trabajadores y trabajadoras detectar la discriminación salarial y reclamar sus derechos. Esto beneficiará a todos los trabajadores/as, no solo a las mujeres.
La pandemia ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas con trabajos precarios y mal pagados. Es por ello que debemos redoblar esfuerzos para poner fin a la brecha salarial de género y respaldar la seguridad económica de las mujeres. Pero esto es solo una parte del problema. Los próximos pasos deben ser introducir unos salarios mínimos justos en toda la UE, revisar la Directiva sobre igualdad de oportunidades, promover la igualdad de trato de hombres y mujeres en el trabajo y adoptar la Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración.
A Uber y compañía les gusta vender la idea de una tercera vía entre las formas tradicionales de empleo y el trabajo autónomo. Y, en efecto, ¿a quién no le tienta un trabajo que promete dinero rápido, un horario flexible y que uno sea su propio jefe? Pero los riesgos no pueden recaer por completo en los trabajadores y trabajadoras y la sociedad mientras que las empresas de plataforma se enriquecen y no asumen responsabilidad alguna.
Hoy, si los conductores y conductoras de Uber no tienen clientes, se quedan acorralados con sus facturas de combustible o su contrato de leasing. Si los/las ciclistas de Deliveroo tienen un accidente con la bici mientras trabajan, se quedan sin prestación por enfermedad. Si los limpiadores/as de Helpling sufren acoso, ¿a quién recurren? ¿Y quién pagará su pensión llegado el momento? Al mismo tiempo, las empresas tradicionales que ofrecen a sus empleados y empleadas plena protección social y salarios dignos se enfrentan a una competencia desleal por parte de las empresas de plataforma que menoscaban los derechos sociales.
Para garantizar que el progreso tecnológico se traduzca en progreso social para todos y todas, tenemos que aprobar leyes que concedan a los trabajadores y trabajadoras de plataforma los mismos derechos que a cualquier otro trabajador/a y que impongan las mismas normas a las empresas de plataforma que a cualquier otra empresa. La clave para conseguirlo es invertir la carga de la prueba. Debe obligarse a las empresas a demostrar que realmente están tratando con personas emprendedoras autónomas e independientes. Si no pueden probarlo, asumiremos que existe una relación de empleo con la empresa de plataforma, con todas las responsabilidades del empleador/a y los derechos de los trabajadores/as que ello conlleva. Ha llegado el momento de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la era digital.
¡Es tan práctico! Con un simple toque en nuestro teléfono inteligente podemos pedir que nos traigan comida a casa o que nos lleven a cualquier sitio. Pero las aplicaciones se esmeran por ocultar la verdadera historia de los trabajadores y trabajadoras de plataforma, que demasiado a menudo se ven privados de unos salarios justos, de seguridad social, de permisos retribuidos y de unas condiciones laborales dignas. En un momento en que la digitalización está poniendo nuestro mundo del revés, cambiando el modo en que trabajamos, producimos, consumimos, amamos y vivimos, debemos garantizar que los trabajadores y trabajadoras no sean los que paguen el pato. Por ello, luchamos por que los trabajadores y trabajadoras de plataforma se consideren asalariados/as con todos los derechos aplicables, a menos que las empresas de plataforma puedan demostrar que se trata de auténticos trabajadores/as autónomos/as. Gracias a esta “presunción refutable” de relación laboral, podremos garantizar que los trabajadores/as de plataforma gocen de los derechos que les corresponden, como unos salarios mínimos, seguridad social, protección de la seguridad y la salud, bajas por enfermedad y el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
El Grupo S&D siempre se ha esforzado por garantizar que la UE priorice a las personas e insistimos en que los derechos sociales deben ser igual de prioritarios que los objetivos económicos y medioambientales. Dos años después de la Cumbre Social de Oporto, en la que establecimos compromisos y objetivos clave, el Grupo S&D ha vuelto hace poco a Portugal para seguir reforzando nuestra lucha por un futuro próspero para todos los europeos y europeas.
En 2017, nuestra familia política puso en marcha en Gotemburgo el pilar europeo de derechos sociales. Cuatro años después, en la Cumbre Social de Oporto se adoptó un plan de acción con compromisos y objetivos concretos. En mayo de este año, nos centramos en mejorar el pilar social así como en abordar el impacto social de la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania.
La Cumbre de Oporto definió tres objetivos sociales principales que deben alcanzarse de aquí a 2030: una tasa de empleo de al menos el 78% en la UE, que cada año al menos el 60% de los adultos asistan a cursos de formación, y reducir en al menos quince millones el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, incluidos cinco millones de menores. Pero esto sigue siendo insuficiente. Exigimos más objetivos, como la creación de empleo de calidad, una cobertura de la negociación colectiva de al menos el 80% de aquí a 2030, cero muertes en el lugar de trabajo y el fin de la situación de carencia de hogar para 2030.
Queremos una Europa en la que todos los trabajadores y trabajadoras reciban un salario digno, todas las familias puedan permitirse un lugar donde vivir y ningún niño/a crezca en la pobreza. El futuro de Europa tiene que ser social o de lo contrario ya no habrá una Europa tal como la conocemos y queremos. Para lograrlo, tenemos que intensificar los esfuerzos para cumplir nuestra promesa de garantizar una vida y un trabajo dignos a todos los europeos y europeas. De esto trata el pilar social.
Las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19 están creando nuevos y enormes obstáculos para los/las jóvenes que intentan encontrar empleos de calidad. El riesgo de explotación es muy real. Ya es hora de que llamemos a los períodos de prácticas no remunerados por su nombre: una forma de explotación laboral y una violación de los derechos de la juventud. Es por ello que estamos haciendo campaña a favor de prohibir los períodos de prácticas no remunerados en los mercados laborales europeos. Los becarios y becarias deben percibir un salario mínimo. Defendemos el derecho de millones de jóvenes europeos/as a recibir un trato equitativo en el lugar de trabajo y a que mejoren sus condiciones económicas y sociales. Los derechos de la juventud deben ocupar un lugar preferente en la agenda de la Unión Europea.
¡De aquí a 2030 podemos reducir el desempleo juvenil en al menos un 50% en Europa! La Garantía Juvenil, impulsada por los Socialistas y Demócratas tras la última crisis económica, ha ayudado a más de 10 millones de jóvenes a obtener un empleo. Una historia de éxito de la que estamos orgullosos y orgullosas y una magnífica herramienta que podemos adaptar a los nuevos retos. Ahora tenemos que reforzarla, con inversiones para crear empleo de calidad y una prohibición de los períodos de prácticas no remunerados, que explotan a la juventud y violan sus derechos. Ha llegado la hora de que los derechos de la juventud gocen de la máxima prioridad en la agenda de la UE.
Aunque el amianto está prohibido en la Unión Europea desde 2005, e incluso antes en muchos Estados miembros, muchos edificios construidos antes de esa fecha siguen conteniendo amianto, y el 80% de los cánceres profesionales reconocidos en la Unión están asociados a esta sustancia.
Se estima que entre 4,1 y 7,3 millones de trabajadores y trabajadoras están expuestos al amianto. El 97% de estos trabajadores/as pertenecen al sector de la construcción, lo que incluye profesiones relacionadas como techadores, fontaneros, carpinteros e instaladores de suelos, y el 2% trabajan en la industria de la gestión de residuos.
El Grupo S&D cree firmemente que no hay tiempo que perder, ni esfuerzos que escatimar, para limitar la exposición de los trabajadores/as a esta sustancia altamente peligrosa: la principal causa de cáncer profesional en Europa. Ha llegado la hora de cumplir nuestro compromiso con la visión de “cero muertes relacionadas con el trabajo”.
En septiembre de 2022, la Comisión Europea propuso revisar la Directiva de 2009 destinada a proteger a los trabajadores/as de los riesgos relacionados con el amianto. Su propuesta defraudó nuestras expectativas. Llevamos tiempo reclamando una revisión rigurosa de la legislación sobre el amianto con el fin de garantizar una protección adecuada frente a los cánceres profesionales. Esto exige unos límites de exposición mucho más estrictos, fijados en 1.000 fibras/m3, tal como pedimos en la resolución del Parlamento adoptada en octubre de 2021. El límite propuesto por la Comisión, y hasta el momento aceptado por los Estados miembros de la UE, es diez veces superior, por lo que su ambición es diez veces menor. Trabajaremos incansablemente para alcanzar nuestro objetivo de cero muertes relacionadas con el trabajo en Europa.
Ochenta millones de europeos y europeas carecen de una vivienda asequible. El número de personas que tienen dificultades para pagar su alquiler o las facturas de energía para calentar sus hogares crece día tras día. Los grupos de renta media también se ven cada vez más afectados por una crisis de la vivienda que se ha agravado considerablemente durante la crisis de la Covid-19. La vivienda es un derecho humano y todos los europeos/as deben tener acceso a una vivienda digna y asequible.
La desenfrenada crisis de la vivienda también constituye una deficiencia del mercado. La vivienda se ha convertido en objeto de especulación. Al mismo tiempo, el “efecto Airbnb” está acelerando la espiral de los precios del alquiler y la “gentrificación” a unos niveles que ya no permiten a los residentes locales ni encontrar ni costearse una vivienda. Debemos garantizar que haya un mercado bien regulado capaz de facilitar una vivienda asequible a todos y todas. La resolución de la crisis de la vivienda probará la solidaridad y la cohesión de nuestra sociedad. No dejar a nadie atrás implica en primer lugar ofrecer un techo a todo el mundo. Con el fin de resolver la crisis de la vivienda, pedimos una estrategia integrada de la UE que cree un marco favorable para las autoridades nacionales, regionales y locales.
Proponemos una serie de políticas progresistas tales como medidas de control del precio del alquiler, la exclusión del gasto social de las políticas fiscales, normas para los servicios hoteleros de cara a evitar la “turistificación”, la revisión de la tasa de sobrecoste de la vivienda, la inclusión de criterios de sostenibilidad de la vivienda y el apoyo a la economía circular. La política de vivienda pública debería excluirse de las normas sobre ayudas estatales y competencia. Pedimos que la asequibilidad de la vivienda se incluya en el Semestre Europeo y que los Planes Nacionales de Vivienda Asequible se integren en los Programas Nacionales de Reforma. Todo el mundo merece un lugar al que llamar hogar.
