Europa no puede exportar valores e importar productos fabricados con trabajo forzoso. El hecho de que la Unión Europea cuente por fin con una ley que prohíbe este tipo de productos en el mercado comunitario es uno de los mayores logros de esta legislatura, y una victoria para las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo. Ahora, debemos asegurarnos de que se aplique bien y funcione. Camisas, zapatos o coches fabricados por uigures, turcomanos o trabajadores forzados esclavizados en cualquier lugar, no deberían venderse más en nuestras tiendas.
Se podría pensar que la esclavitud es cosa del pasado, pero no es así. Tomemos, por ejemplo, Turkmenistán, que es el décimo mayor productor de algodón del mundo y uno de los regímenes más cerrados y represivos que rara vez capta la atención de los medios de comunicación. Cada año, durante la temporada algodonera de agosto a diciembre, el gobierno obliga a decenas de miles de trabajadores del sector público y privado a recoger algodón.
Ruslan Myatiev, una de estas víctimas que habló en nuestro acto de Bruselas sobre el trabajo forzoso, nos contó: "Profesores y médicos son obligados a recoger algodón hasta la última bola bajo diferentes amenazas, incluido el despido. Las personas son transportadas en camiones abiertos o en carros de tractores como si fueran ganado. A su llegada, se les obliga a recoger entre 20 y 30 kilos de algodón. De media, tienen tres días de turnos de algodón en una semana". Actualmente periodista y defensor de los derechos humanos, Myatiev vive en Holanda, donde obtuvo asilo, y dirige Turkmen.news, un portal independiente de noticias de investigación. "El gobierno afirma que el algodón lo cosechan máquinas y voluntarios, pero es mentira. La policía secreta intenta silenciar a nuestros monitores que documentan el trabajo forzado. Fabrican causas penales contra ellos y los envían a prisión durante muchos años".
Hoy, en todo el mundo, 28 millones de personas están atrapadas en manos de traficantes de personas, o a veces de Estados, que las obligan a trabajar por poco o ningún salario. El 12% de ellos son niños. Este negocio de la miseria humana prospera a pesar de los esfuerzos internacionales por acabar con él. Casi 100 años después de la adopción del histórico Convenio sobre el trabajo forzoso (1930), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el trabajo forzoso genera 217 000 millones de euros anuales de beneficios ilegales, lo que supone un espectacular aumento del 37 % desde 2014. Es comparable a la economía de Portugal.
Hay muchas posibilidades de que la camiseta que llevas puesta esté hecha de algodón contaminado por abusos de los derechos humanos, sin que ni siquiera lo sepas. Si no se cosechó en Turkmenistán, puede proceder de la región china de Xinyang, donde se calcula que más de dos millones de personas, principalmente uigures, corren el riesgo de ser víctimas de trabajos forzados. Se les obliga a trabajar en sectores de mano de obra intensiva, donde no sólo cosechan algodón o tomates, sino que también ensamblan juguetes, muebles y aparatos electrónicos, cosen prendas de vestir o procesan polisilicio.
¿Cómo llegan los productos del trabajo forzado a las tiendas de la UE? En el caso del algodón turcomano, algunos países de la UE como Polonia o Italia importan directamente hilo turcomano, pero a menudo entra en las cadenas de suministro de las marcas que venden al por menor en la UE a través de terceros países como Turquía, China y Pakistán. Es inaceptable que algunas marcas y empresas europeas sean cómplices. Pero no nos equivoquemos: el trabajo forzoso está en todas partes, también dentro de la Unión Europea, donde, según la OIT, la mayoría de los 1,3 millones de víctimas del trabajo forzoso en 2018 fueron migrantes de un Estado miembro de la UE a otro.
Ahora, tenemos una oportunidad histórica para luchar contra la esclavitud moderna, tanto en la Unión Europea como en todo el mundo. Tras años de movilización cívica y batallas políticas, después de meses de difíciles negociaciones, la UE tendrá la primera ley europea de la historia para prohibir que los productos fabricados con trabajo forzoso se vendan en el mercado de la UE. Ya era hora. EE.UU. y Canadá ya tienen sus instrumentos legales.
Para nosotros, los S&D, es definitivamente un motivo de orgullo. Habíamos pedido esta nueva ley como grupo, luego lideramos el proceso en el Parlamento y llegamos a un acuerdo. No tengan ninguna duda: al principio, la Comisión se mostró muy reacia. Cuando por fin cedió a nuestra demanda y presentó una propuesta legislativa, muchos conservadores del Parlamento Europeo intentaron retrasarla y suavizarla.
El acuerdo final alcanzado con los Estados miembros de la UE no es tan ambicioso como hubiéramos querido, pero es bueno. Hemos acordado un instrumento sólido por el que la Comisión llevará a cabo investigaciones sobre presuntos casos de trabajo forzoso fuera de la UE, mientras que las autoridades nacionales competentes de los 27 Estados miembros se ocuparán de los presuntos casos de trabajo forzoso dentro de la UE. Si la investigación concluye que se ha recurrido al trabajo forzoso, las autoridades ordenarán la retirada de las mercancías en cuestión del mercado de la UE y de los mercados en línea, y su confiscación en las fronteras. Los productos deberán donarse, reciclarse o destruirse. A petición nuestra, la Comisión creará una base de datos con una lista de sectores económicos específicos en zonas geográficas concretas donde se produce trabajo forzoso impuesto por el Estado. Se utilizará para evaluar la necesidad de abrir una investigación.
Esta nueva ley se basa en el producto, no en la empresa, lo que significa que todas las empresas tendrán que cumplir la prohibición si se detecta trabajo forzoso en algún paso de su cadena de suministro. Se trata, sin duda, de una buena noticia para todas las empresas que sufren la competencia desleal de empresas que recurren al trabajo forzoso.
Sin embargo, para que la ley sea efectiva debe aplicarse correctamente. Debemos asegurarnos de que las autoridades competentes y la Comisión de la UE disponen de recursos suficientes para llevar a cabo las nuevas tareas, incluidas las inspecciones en terceros países. La cooperación con nuestros socios internacionales, en particular Estados Unidos y Canadá, será esencial para evitar que los operadores bloqueados por un país vendan sus productos de trabajo forzoso en otro.
La votación final del Parlamento Europeo sobre esta nueva ley tendrá lugar el próximo martes. Durante el último pleno de este mandato, también se votará una nueva legislación sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa. Exigirá a las empresas que realicen controles de derechos humanos y medioambientales en sus cadenas de valor. Es otra ley por la que hemos luchado con éxito. Ambas leyes serán complementarias y garantizarán que los derechos de los trabajadores y las normas medioambientales estén en el centro del comercio internacional.
Maria-Manuel Leitão-Marques es eurodiputada del S&D y coponente de la prohibición del trabajo forzoso en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo. Bernd Lange es eurodiputado del S&D y presidente de la Comisión de Comercio Internacional (INTA).
