Ante la incesante avalancha de fenómenos meteorológicos extremos, ya no basta con mitigar el cambio climático, aunque sea crucial. También tenemos que aprender a vivir con las consecuencias, que se están produciendo aquí y ahora y que afectan con mayor dureza a los ciudadanos y regiones europeas más vulnerables.
Los últimos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente revelan que Europa es el continente que más rápido se está calentando del planeta. Los riesgos climáticos lo afectan todo, desde la seguridad energética y alimentaria hasta los ecosistemas, las infraestructuras y la salud pública. Sólo en la Unión Europea, las inundaciones, los devastadores incendios forestales, las abrasadoras olas de calor y las prolongadas sequías ya han infligido pérdidas económicas asombrosas que superan los 650.000 millones de euros desde 1980 y se han cobrado 195.000 vidas. Según la misma agencia, se necesitan unos 520.000 millones de euros al año para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050 y aplicar el Pacto Verde.
El cambio climático agrava las desigualdades existentes, ya que la carga del cambio climático perjudica de manera desproporcionada a las comunidades y regiones marginadas, haciéndolas más susceptibles a los efectos de los desastres relacionados con el clima, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica. Los países europeos de renta más baja se llevan la peor parte, con tasas de mortalidad más elevadas y un mayor impacto económico en su PIB. Y las sombrías previsiones indican que estas catástrofes e injusticias sociales no harán sino intensificarse. Al mismo tiempo, los superricos están impulsando el cambio climático. El 10% más rico de la población mundial es responsable de alrededor del 50% de todas las emisiones. Por lo tanto, reducir la desigualdad es esencial para hacer frente a la crisis climática.
Nuestro continente se encuentra mal preparado para hacer frente a estas crecientes amenazas. Por eso, junto a los ambiciosos esfuerzos de mitigación climática, debemos promulgar políticas de adaptación para proteger a todos los europeos de las costosas consecuencias. Los menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero no deben soportar las mayores cargas de la transición para abandonar los combustibles fósiles. Necesitamos protección social y ecológica.
En el centro de esta visión se encuentra nuestro llamamiento a la elaboración de una ley de adaptación global de la UE, que sea cohesiva, progresista y jurídicamente vinculante. Aunque la actual estrategia de adaptación de la UE constituye un punto de partida crucial, carece de la precisión y la aplicabilidad necesarias para obtener resultados tangibles. Nuestra propuesta de ley de adaptación debe fijar objetivos claros y cuantificables y adoptar un enfoque holístico que aborde de frente las injusticias sociales, económicas y medioambientales subyacentes.
La ley de adaptación de la UE tendrá que centrarse en invertir en soluciones naturales, la forma más barata de luchar contra el calentamiento global minimizando su impacto en las ciudades y las zonas rurales. Plantar árboles en las ciudades reducirá las islas de calor y permitirá a los ciudadanos volver a respirar, e invertir en la protección del suelo, el agua y la biodiversidad ayudará a los agricultores a hacer frente a los efectos nocivos del cambio climático. Al igual que el Fondo de Pérdidas y Daños a escala mundial, la ley debe dar prioridad a las regiones europeas más desfavorecidas económicamente y más vulnerables al clima, que son las más afectadas y no están preparadas para asumir los costes por sí solas.
La financiación suficiente para la adaptación es otro elemento esencial. Hay que proteger a las personas que no están aseguradas o que no están bien aseguradas al perder sus casas a causa de inundaciones o incendios forestales. De ahí que aboguemos por la creación de un Fondo Climático Europeo de Seguros, financiado por los mercados y las compañías de seguros, para reforzar la resiliencia de la población y las empresas europeas frente a los impactos relacionados con el clima. Tenemos que intensificar la evaluación de los riesgos climáticos en el mercado financiero y asegurarnos de que los agentes financieros asumen su responsabilidad para con las personas y el planeta. También tendremos que reorientar fondos suficientes del presupuesto de la UE y del Banco Europeo de Inversiones hacia la financiación de políticas justas de adaptación, más allá de la mitigación climática. La política fiscal desempeña un papel importante en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, tanto en la política de ingresos como en la de gastos. Las grandes empresas, los grandes contaminadores y los ultrarricos deben pagar la parte que les corresponde. Abogamos por una herramienta de inversión permanente a escala de la UE para salvaguardar nuestras prioridades sociales y climáticas.
Este sólido marco de adaptación y financiación debe dirigirse a los más afectados por el cambio climático. Los trabajadores al aire libre, por ejemplo, que se enfrentan a condiciones meteorológicas peligrosas como las olas de calor, no deberían incurrir en ningún riesgo financiero, y deberían poder participar en las decisiones relativas a las políticas de adaptación en el lugar de trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, en la UE se ha registrado un aumento del 42% de las muertes en el lugar de trabajo relacionadas con el calor desde el año 2000. El marco también debería dirigirse a los trabajadores empleados en los sectores que están abandonando los combustibles fósiles, como el automovilístico o el energético. Las políticas de protección del mercado laboral, junto con iniciativas de reciclaje para evitar la pérdida de puestos de trabajo, son fundamentales para no dejar a nadie atrás.
El cambio climático no es sólo un problema medioambiental: es una cuestión de justicia social. Cualquier pretensión de servir a la gente suena vacía si ignora esta crisis existencial. Por otra parte, nuestra transición hacia un futuro sostenible sólo puede tener éxito si se fundamenta en la justicia social, aporta a la gente esperanza en el futuro y no deja a nadie atrás: un Pacto Verde con un Corazón Rojo.
Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo S&D
Mohammed Chahim, vicepresidente del S&D para el Pacto Verde
